Maltrato administrativo a un profesor con diabetes

Santiago Vallejo abre las puertas de su casa en Colmenar Viejo, al norte de Madrid, un miércoles a media mañana rodeado de sus dos gatos y con una carpeta llena de documentos. Lo tiene todo milimétricamente ordenado. Habla de manera pausada, calmada, como alguien que está acostumbrado a captar la atención de su interlocutor. Es profesor de biología y geología, tiene 53 años y se las ha ingeniado siempre para hacerlo con sus alumnos. Hoy, de baja desde hace un año y medio de manera continuada, preferiría estar con ellos, dándoles clase. Pero no puede. Sufre una diabetes de tipo I que le obliga a trabajar cerca de casa y, esa condición, recomendada por su médico, no la ha respetado la Consejería de Educación “por un error técnico”, lo que le ha provocado un trastorno depresivo. “La Comunidad me está maltratando sin hacer caso de las recomendaciones de mis médicos ni de sus inspectores médicos”. Vallejo ha denunciado a la administración por dos causas diferentes. El juez ya le ha dado la razón en una. En mayo se pondrá sobre la mesa la segunda.

El conflicto de Vallejo con la Comunidad está ligado íntimamente a su enfermedad. Por eso todo gira en torno a ella, pese a que su diabetes no le impide hacer su trabajo. El profesor lleva dando clases 21 años, es funcionario desde hace 15 y, durante todo este tiempo, ha trabajado en diferentes institutos de Madrid. Tres Cantos, Collado Villalba, Las Rozas, Torrejón de Ardoz... Ha ido cambiando de municipio sin problema, a la espera de que le dieran un destino definitivo.

Mientras, ha lidiado con una enfermedad que no llegó de la noche a la mañana. A los ocho años le diagnosticaron una diabetes tipo I que siempre ha sido muy lábil, con picos constantes de hiperglucemia e hipoglucemia, por lo que para mantenerla a raya ha tenido que controlar los horarios de las comidas, de las inyecciones de insulina y un ejercicio físico pautado. Si organiza bien esas “tres patas básicas”, puede hacer una vida prácticamente normal. Por eso sigue a rajatabla un planillo de su día a día dividido en horas y colores. Comidas, inyecciones, caminatas. Se trata de mantenerlo todo bajo control.

Pero la vida se le descontroló un día de camino a clase. Febrero de 2017. Cogió el coche y se dirigió al instituto, en Collado Villalba, a 28 kilómetros. Por el camino, una hipoglucemia repentina le hizo perder el control del volante y salvó su vida de milagro. “Desde entonces no he vuelto a conducir”. El médico volvió a equilibrar sus dosis de insulina y le prescribió de forma taxativa algo básico para evitar sus crisis de hipoglucemia, que le pueden provocar un coma en cuestión de segundos: no puede desplazarse a más de 30 minutos de su casa, el tiempo idóneo para ir a clase, trabajar, parar, comer algo y volver a casa.

Con ese documento médico bajo el brazo, Vallejo pidió una comisión de servicios para el curso siguiente. Necesitaba un instituto a media hora de su casa en transporte público. Y contaba con varias posibilidades: tres en Colmenar Viejo, cuatro en Tres Cantos, el centro de adultos de la cárcel de Soto del Real y el instituto también en Soto del Real. Le concedieron uno en Tres Cantos, aunque no sin problemas. “Cuando llegué había una interina que decía que la plaza era para ella y cuando le dijeron que me correspondía por una cuestión de salud se fue llorando y diciendo que era amiga del jefe de la subsección de secundaria de la DAT norte”. A pesar de ese mal trago, estuvo un año dando clases “de manera satisfactoria para todos”.

Pero el curso siguiente, la situación volvió a torcerse. “Con la misma situación, exacta, me denegaron la comisión de servicios y, casualidades de la vida, me dieron mi primer destino definitivo después de 15 años”. El lugar: La Cabrera, a unos 40 kilómetros de distancia de Colmenar Viejo y sin conexión directa en transporte público. Y su mundo se le puso del revés.

Tres horas de viaje

“Para ir a La Cabrera tengo que ir a Plaza Castilla y coger un autobús que tarda unas dos horas y cuarto porque para en todos los pueblos. En total, tres horas de ida y otras tres de vuelta. Me tenía que levantar a las cuatro de la mañana para ponerme la insulina, parar las clases a las 12 para comer y ponerme otra dosis de insulina. Era un descontrol que no podía asumir. Además ya no podía hacer ejercicio físico”.

Aquella notificación le llegó en mayo de 2018. Y, antes de empezar el curso en septiembre, pidió de nuevo una comisión de servicios con los argumentos del curso anterior. Pero se la volvieron a denegar. “Decían que no era suficiente”. Entonces presentó un recurso de alzada. Pero, ante la falta de respuesta, tuvo que ir a La Cabrera. Duró tres días. Su estado de salud empeoró y sufrió una descompensación de la diabetes. De nuevo, la baja laboral. “Me recomendaron que hablara con el jefe de la subsección de secundaria de la DAT norte para ver si me encontraba una plaza para colocarme. Hasta ese grado está instaurada la corrupción: hay que hablar con él para que te ‘encuentre’ una plaza que antes no estaba”. Pero en lugar de “participar en esa red clientelar”, decidió denunciar la arbitrariedad del sistema. El juez dictará sentencia en mayo.

El curso siguió sin él y la administración no solo le denegó el recurso de alzada cinco meses después, en enero de 2019, sino que fue más allá: en febrero le convocó para que se presentase ante un tribunal médico con el objetivo de revisar su situación. “Había una sola persona en el tribunal que ni me examinó, no se levantó ni un momento, no revisó mi situación, cogió mis papeles, descartó todos aquellos favorables a la baja y los arrojó en la mesa”. Un mes después, recibió un “alta obligatoria” que le mandaba, directo, a La Cabrera. Y empezó a sufrir un cuadro de ansiedad. Descontrol. Y otra vez la baja médica.

Esa “alta obligatoria” es la segunda demanda que ha presentado Vallejo contra la administración. Y en este caso el juez ya le ha dado la razón, ya que dictaminó en noviembre pasado que no había “justificación médica” para que se tomara esa decisión. La Comunidad, por su parte, ha recurrido la sentencia.

La historia de Vallejo entra en un bucle, pero se precipita gracias “al cuarto poder”. Tras chocar contra un muro administrativo que le deniega una y otra vez la comisión de servicios, en septiembre pasado, harto, decide contar su caso en redes sociales. “Y cuando una periodista de La Ser se interesó en el tema, al día siguiente me llamaron pidiendo perdón porque habían cometido un error técnico y, concediéndome, entonces sí, la comisión de servicios”, ironiza el biólogo. Había pasado un año y medio.

“Es cierto que en su día hubo un error a la hora de calcular el tiempo de distancia, pero cuando se detectó el problema se solventó dándole la plaza que tiene en la actualidad”, admiten fuentes de la Consejería de Educación.

La administración se refiere a una plaza le concedieron a Vallejo en un instituto de Tres Cantos en octubre. Pero su situación sigue sin resolverse. Según el docente, la directora del centro tuvo que “inventarse” un puesto “de profesor de apoyo” con el curso ya empezado, es decir, una plaza sin capacidad de evaluación ni programación didáctica que seguir. “Han puesto un parche ilegal para tapar otra ilegalidad. Y llevo enviando correos cada 15 días a RR HH y a la DAT, indicando estas dudas, y no me dan explicaciones”. La administración lo niega. La Consejería de Educación asegura que la plaza es “completamente normal” y que cumple con los requisitos de evaluación.

“Es posible que ahora que les llaman los medios encuentren otra solución”, ironiza el biólogo. Pero él lo tiene claro: si no es en clase, les espera en los tribunales. Porque solo quiere trabajar.