Solo 13 edificios públicos de Colau están en obras

Cuando Ada Colau salió reelegida como alcaldesa de Barcelona, el pasado mes de junio, había 65 promociones de vivienda pública en marcha. La intención del Ayuntamiento era continuar con los objetivos del primer mandato y promover la construcción de un parque de vivienda pública asequible, básicamente de alquiler. Pero solo 13 de los solares están en obras y tres están finalizadas. El resto, 49 promociones, todavía no han llegado a la fase de construcción, aunque se encuentran en distintos estadios. Cuatro de las promociones prometidas están en licitación de obras, se están redactando los proyectos de 19 promociones, 10 suelos se están adjudicando a otros operadores (cooperativas, fundaciones o empresas) y 16 todavía están pendientes de licitar.

El Ayuntamiento admite que las promociones de vivienda pública se están ralentizando más de lo que les gustaría. “Al tratarse de presupuesto público, hay legislaciones y procesos garantistas que se deben cumplir y que prolongan los tempos”, explica la concejal de Vivienda, Lucía Martín, sobre el largo camino de tramitación previo a que lleguen las grúas a un solar vacío. De los 65 proyectos en marcha, 44 son construidos por el Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB, por sus siglas en catalán), y 21 son promociones delegadas a cooperativas, fundaciones o sociedades mercantiles. Ambas iniciativas son la alternativa a la venta de terrenos a promotores privados, una opción que el actual Ejecutivo descarta rotundamente para evitar perder suelo público. Aunque la promoción privada suele ser más ágil, reconoce Martín.

En su primer mandato, Barcelona en Comú se propuso doblar la vivienda pública de la ciudad, entre pisos construidos y comprados o cedidos, pero las llaves entregadas fueron 2.600, lejos de las 8.000 prometidas. Ahora, tampoco hay la seguridad de lograr el objetivo de un parque público de 16.000 pisos al acabar este segundo mandato. “A finales de 2023 no estaremos lejos de doblar el número de viviendas de gestión municipal que había hace cuatro años”, asegura Martín. Según la concejal, en 2015 había cerca de 7.500 pisos y alojamientos públicos, menos del 2% del total del parque residencial.

En los últimos meses, el IMHAB ha finalizado las obras de tres promociones, una de las cuales son los alojamientos destinados a personas en situación de emergencia habitacional construidos con antiguos contenedores marítimos. No se les llama viviendas porque al estar construidas en suelo de equipamiento son provisionales. Cuando el resto de promociones en marcha finalicen, se sumarán más de 4.000 viviendas y alojamientos, el 70% destinadas al alquiler.

En conjunto, el esfuerzo municipal en aumentar el parque público supone una inversión de cerca de 554 millones de euros, que ha sido asumido prácticamente en su totalidad por el Ayuntamiento de Barcelona, con la ayuda del préstamo de la banca pública europea, explica la concejal. Martín recuerda que el Estado ha dejado de invertir un 65% desde 2008 y la Generalitat, 50%. “Somos una parte ínfima, necesitamos más herramientas para regular el mercado y que otras administraciones nos acompañen, cosa que de momento no han hecho demasiado”, reclama la concejala de Vivienda.

Nuevas medidas

El Gobierno de Colau se ha planteado el reto de reducir los largos plazos de sus promociones públicas con construcciones modulares y elementos prefabricados como los que se han utilizado en las viviendas APROP (realizadas con contenedores marítimos) destinadas a personas en situación de emergencia habitacional. Pero por ahora es una opción minoritaria. De las tres promociones anunciadas en 2018 solo se ha materializado la del barrio Gòtic, en Ciutat Vella. 

Otra opción para acelerar la creación de vivienda pública es la promoción delegada, que constituye el 20% de las promociones en marcha. En este caso, el Ayuntamiento cede el derecho de superficie a otras entidades, como fundaciones, cooperativas y empresas con ánimo de lucro limitado, que se encargan de realizar la construcción. De este modo, la propiedad del suelo nunca deja de ser pública porque los solares solo están cedidos con derecho a superficie por 75 años, y los precios de los alquileres se equiparan al resto de la vivienda de titularidad pública.

Y más allá de la promoción de nuevas viviendas, el Ayuntamiento está incrementando el parque con otras herramientas: la compra preferente de viviendas procedentes de desahucios (tanteo y retracto), la compra directa o la movilización de vivienda privada en desuso a pública mediante la bolsa de alquiler.