El alcalde de Cercedilla: “No queremos la excavadora... un paso en falso, y vamos a la cárcel”

El fin de la concesión del monte público donde se han levantado en las últimas décadas medio millar de casas es una patata caliente en manos de la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Navacerrada y Cercedilla. Luis Miguel Peña, alcalde de esta segunda localidad, la más afectada, insiste en esta entrevista con EL PAÍS en que hay que cumplir la ley y que, desde ahora, el Consistorio es propietario de todo lo construido en esos terrenos. En todo caso, intentarán no derribar las construcciones, que haya una nueva concesión y que las propiedades sigan ocupadas por inquilinos que paguen, eso sí, una cantidad de dinero todavía sin calcular. La solución: un concurso público al que los actuales moradores acudirían sin privilegios sobre cualquier otro ciudadano.

Pregunta. El boletín de la Comunidad de Madrid publicó el pasado 2 de enero el fin de la concesión. ¿Qué hará su Ayuntamiento?

Respuesta. Terminada la concesión y todas las construcciones pasan a ser propiedad de la administración titular del terreno libre de cargas y gravámenes y de forma gratuita, en este caso de los Ayuntamientos de Cercedilla y Navacerrada. No queremos quitarles las viviendas, nada más lejos de la realidad, pero no podemos desobecerder la ley. Como ayuntamiento, si es definitiva la caducidad, lo que nos gustaría y estamos valorando es hacer concesiones nuevas sujetas a un canon. Entendemos que haya gente dolida, pero las notas registrales y notas simples dicen que son solo propietarios del derecho de ocupación, no están comprando una propiedad, es solo una concesión

P. Los afectados de Camorritos dicen que no son titulares de una concesión sino propietarios.

R. El registro de la propiedad pone concesión.

P. ¿La ley permite a hacer nuevas concesiones?

R. Se puede mantener el uso hostelero y residencial. Mediante esa vía queremos intentar saber si se pueden sacar unas nuevas concesiones. Pero deben ser a concurrencia competitiva.

P. ¿Se sacaría a subasta?

R. Habrá que ir a una empresa de tasación y podría venir cualquiera porque todos los españoles somos iguales y poder acceder a ello. Sería denunciable si salieran esas viviendas a nueva licitación y no se respetara la pública concurrencia. Es una situación triste para el Ayuntamiento.

P. No difiere mucho del plan del Grupo Independiente de Cercedilla, que preveía renovar la concesión y cobrar un canon que supondría tres millones al año.

R. Una cosa es que haya en el futuro unos ingresos para el Ayuntamiento y otra es las cantidades que ellos barajaban. Ya nos gustaría a nosotros tener barra libre.

P. ¿Han acordado dejar de cobrar el IBI en 2020?

R. No es que hayamos acordado no cobrar el IBI (impuesto de bienes inmuebles), es que ha caducado la concesión y no lo podemos cargar.

P. ¿Y la posibilidad de la permuta por otros terrenos como barajaba la Comunidad?

R. La titularidad es municipal pero la gestión es de la Comunidad. ¿Permuta? La ley lo puede permitir, pero no lo decide el Ayuntamiento nunca, sería la Comunidad. Eso es muy difícil, independientemente de que estemos a favor o en contra. Tendrían que dar el doble o el triple de superficie. En principio esa opción no se contempla. Supone descatalogar algo que está muy protegido a pasar a una desprotección total.

P. Dicen los vecinos que usted les rehúye

R. A mí no me ha llegado que se quieran reunir conmigo.

P. ¿Cuándo fue la última vez?

R. No les puedo decir, antes de las elecciones (de mayo de 2019) o por ahí. No sé si marzo… desde esa época no hay reuniones. Pero no queremos vender falsas ilusiones porque no podemos. Cercedilla no somos los malos de la película, lo que no queremos es crear falsas expectativas.

P. ¿Cuál es el sentir entre los diferentes grupos municipales, hay consenso?

R. En estos momentos coincidimos con la oposición en que hay una ley, hay un consenso.

P. En Camorritos insisten en que era cesión indefinida y que se puso precio al suelo.

R. No ha podido haber una venta nunca. Nunca. La Sociedad del Ferrocarril pagaría en su momento por la concesión, pero la ley ha dictaminado que fuera por un máximo 99 años. Que pagaran por esos 99 años, pues seguramente sí. Y esa concesión cuando acaba, se renueva y se paga un canon nuevo.

P. Defienden que no es hasta 1964 cuando se estipula que la concesión es por 99 años y que, en todo caso, debería empezar a contarse desde esa fecha.

R. Esa es su opinión y entiendo que quieran defender eso. La Comunidad tendrá que resolver y entiende que hay documentación jurídica que dice que hay que contar desde 1920. Yo entiendo que es así también.

P. ¿Y ofrecerán una nueva concesión con subasta pública?

R. Nuestro planteamiento es, y así queda en nuestras alegaciones a la Comunidad, que nos gustaría, si se nos permite, hacer unas nuevas concesiones conforme a lo que marca la ley. Y esas nuevas concesiones deben estar dirigidas por la Comunidad.

P. ¿Significa que será al mejor postor en la subasta pública?

R. Sí, la base sería esa más o menos. Algo que parece tan fácil, tiene sus complejidades. Hemos estado mirando si los actuales ocupantes tienen alguna prioridad pero la ley de montes dice que no, que tiene que ser a concurrencia competitiva.

P. ¿Y esto no iría contra la ley de montes, porque de esa manera no revierte al monte?

R. La ley de montes permite concesiones pero a concurrencia competitiva. Lo que no permite es que los actuales concesionarios tengan privilegio sobre los demás ciudadanos.

P. ¿Tampoco irá en contra del informe jurídico de la Comunidad que considera la concesión improrrogable?

R. Es improrrogable. Nosotros hablamos de una nueva concesión. Si fuese prorroglable no pasaría nada. Perfecto para los actuales concesionarios y todos tan contentos, nos ahorraríamos disgustos y sinsabores.

P. ¿Cómo se haría entonces?

R. Sería algo similar a un alquiler. Se pagaría no una renta sino un canon al propietario, que es el Ayuntamiento. Se pagaría siempre como concesionario, nunca como propietario. Se haría un pliego de condiciones con un precio de salida. Tendría que ser todo público y siempre controlados y vigilados por la Comunidad, que debe hacer los pliegos de condiciones.

P. ¿Evitaría así llamar a las excavadoras? Los vecinos creían que este momento no llegaría nunca

R. Nosotros no queremos llamar a la excavadora. Lo que está claro es lo que dice la ley, porque hablamos de un tema muy serio. Un movimiento en falso del Ayuntamiento de Cercedilla o Navacerrada y nos vamos para [la cárcel] Soto [del Real] directamente. Hablamos de una prevariación muy seria, que hay mucho dinero en juego, de una malversación de fondos. Es muy serio como para que le digamos a alguno, ‘no te preocupes, que te lo soluciono’. De todas formas, tendría que ser la Comunidad, como gestora, la que ejecutara el derribo, nunca el Ayuntamiento. Ya hemos manifestado que preferimos concesiones nuevas.

P. ¿Por cuánto tiempo?

R. Eso está sin valorar todavía. La ley, que es distinta de 1964, marca en estos momentos que hasta 29 años el pago de la concesión es año a año, y si es más, hasta un máximo 75 años, se pagaría de una sola vez, de golpe. Ahí sí que tiene el Ayuntamiento la potestad de decidir por cuántos años.