Hubo fraude de ley con el personal discapacitado del Palacio Real

Llevan meses muy nerviosos, pero ya tienen una pequeña victoria. Todas las irregularidades que CC OO denunció en favor de ellos, los trabajadores del Palacio Real del Centro Especial de Empleo —una empresa que emplea a personas con discapacidad y que recibió en 2019 una subvención de la Comunidad de Madrid superior a cinco millones de euros—, las recoge de forma detallada la inspectora de trabajo encargada de cotejar documentación con el personal de la empresa y con los mismos trabajadores que denunciaron su situación. Estos aseguraron en septiembre, cuando ya llevaban tres meses trabajando, que se pasaban una media de 11 horas diarias de pie vigilando las salas de Palacio, que tenían muy pocos descansos y que sus nóminas no reflejaban lo que habían hablado en su entrevista de trabajo. Además, la mayoría no había firmado su contrato laboral y muchos lo hacían en el momento en el que también ratificaban su despido.

Ahora, la resolución de la inspección de trabajo es clara: la empresa “incumplió el deber de registro de jornada”, según recoge el Estatuto de los Trabajadores; también se realizaron horas extraordinarias, que están prohibidas, según lo establecido en el convenio para personas con discapacidad; y, por último, se formalizaron “contratos de interinidad en fraude de ley”. Las tres infracciones están tipificadas y calificadas como “graves”, según el artículo 7.2 de la ley de infracciones y sanciones en el orden social.

La Comunidad de Madrid tendrá ahora que determinar qué tipo de sanción impone a la empresa. “Nosotros ahora estamos esperando a que Inspección de Trabajo nos traslade una propuesta de sanción. El mecanismo nos obliga después a abrir un periodo de alegaciones, aunque en la mayoría de ocasiones se ratifica la sanción propuesta”, explican fuentes de la Consejería de Economía.

CC OO se muestra “muy satisfecha” por las conclusiones de la inspectora. “Además, se realiza una serie de requerimientos a la empresa para que subsane determinadas cuestiones como son los vestuarios [que no tenían] o la entrega de nóminas”, celebra Isabel Galvín, responsable de Enseñanza del sindicato de Madrid. Ángel García, de UGT, añade que a pesar de que Integra “ha pagado bastante” y se ha puesto al día con los trabajadores, “todavía hay nóminas pendientes de confirmar”.

La empresa, sin embargo, lo niega. “A día de hoy, Integra CEE ha cumplido con los requerimientos que le ha solicitado la Inspección de Trabajo en relación al servicio prestado en el Palacio Real”, explican fuentes de Integra. Además, reconocen, tras una investigación interna que se “depuraron responsabilidades en aquellos casos en los que se ha incumplido el código ético y social de la empresa”. Hasta 16 cargos, algunos de ellos con alta responsabilidad (como el director general, el gerente de Madrid o el director de recursos humanos) y otros con responsabilidad intermedia de otras comunidades —que denuncian que no tenían nada que ver con el caso del palacio—, fueron destituidos. Otra forma de darles la razón a los trabajadores.