La gratuidad de la AP-7 merma los ingresos de los municipios de Tarragona

Levantar los peajes a lo largo de los 374 kilómetros de autopista que hay entre Tarragona y Alicante, la AP-7, ha representado un cambio tan drástico para los usuarios de la carretera que Fomento ha fijado unos carteles en los accesos a la vía rápida donde se acostumbraba a coger tíquet. “No pararse”, se advierte. La novedad es aplaudida por la amplía mayoría de conductores (24.000 diarios), pero la asunción de la factura de mantenimiento, que por ahora hará Fomento, y la merma de ingresos para los consistorios genera incertidumbre.

El consejero de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, ha reiterado la improcedencia de la gratuidad de las vías rápidas. Defiende la aplicación de un sistema de peaje por viñeta: cada vehículo paga una tarifa plana anual, entre 40 y 100 euros, que le permite circular por todas las vías rápidas. Pero el Ministerio de Fomento, tanto con el PP como con el PSOE, ha desoído la propuesta, alegando que la gratuidad supone un ahorro de 300 millones para los usuarios. “Espero que 2020 sea el año en el que el Govern y el Ministerio de Fomento puedan hablar sobre cómo pensamos las autopistas y apliquemos ya la viñeta”, insistió ayer Calvet en Catalunya Ràdio.

“En el conjunto de la ciudadanía, la gratuidad se ve como algo positivo pero había opciones intermedias que podían garantizar la sostenibilidad de la infraestructura”, opina Alfons Garcia, alcalde de Vandellòs y L’Hospitalet de l’Infant, una población partida por la AP-7. Garcia recela del gratis total y se muestra más partidario de “peajes blandos” y de la “viñeta”. “El tercer carril entre Salou y Valencia es necesario, pero será difícil que lo podamos ver”, opina, en referencia a quién asumiría el precio de construcción. Una auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo señala que 1.000 metros cuadrados de carretera en España cuestan 160.094 euros.

El Ministerio de Fomento asume de momento el mantenimiento de la AP-7 gratuita y ha cifrado en 29 millones de euros la factura por su conservación en 2020 y 2021. La Generalitat calcula en entre 50.000 y 60.000 euros el mantenimiento por kilómetro al año.

La eliminación de los peajes conllevará una pérdida de ingresos para los ayuntamientos de aquellas poblaciones por donde discurre la autopista. Aumar, la empresa filial de Abertis que gestionaba el tramo Tarragona-Alicante, dejará de tributar el IBI anual en cada ayuntamiento, lo que suponía una fuente extra de financiación. La mengua afecta a los núcleos más pequeños y desindustrializados. Así lo afirma Núria Ventura, la alcaldesa de Ulldecona (6.000 habitantes) y con 18 kilómetros de autopista dentro de sus límites. Ventura cifra en 270.000 euros el recorte que sufren las cuentas municipales, que ascienden a seis millones de euros, al no poder contar con el IBI de la autopista. “Es dramático, el ayuntamiento se ve obligado a dejar de hacer inversiones”, afirma la alcaldesa, al tiempo que lamenta quedar a expensas de subvenciones. “Además, el impacto del tráfico para los vecinos va a seguir estando ahí”, añade.

En otros municipios, la afectación no es tan notable. En L'Aldea estaba uno de los peajes más transitados de las Terres de l’Ebre. El ayuntamiento, con un presupuesto anual de cuatro millones, apunta que la aportación de Aumar no llegaba a los 100.000 euros. Impacto similar tenía la recaudación del IBI de la autopista en Vandellòs i L’Hospitalet de l'Infant, con un presupuesto de 18 millones. “El IBI de la autopista era poco significativo”, razona Alfons Garcia, el alcalde, quien recuerda como más palpable la incidencia que tuvo, tiempo atrás, la decisión de Abertis de retirar el peaje troncal que había en el término municipal. “Aquello tuvo algo más de afectación, por la gente que trabajaba en las casetas”, señala. Aumar ha cifrado en unos 140 los despidos por la eliminación de los peajes en la AP-7 y en la AP-4, entre Sevilla y Cádiz.