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El colegio fantasma que costó más de 600.000 euros y nunca se construyó

El Gobierno regional indemniza a una empresa de educación concertada que no pudo construir un nuevo centro en Móstoles

El colegio concertado Peñalvento, en Colmenar Viejo, uno de los ocho centros del grupo EduCare en la Comunidad de Madrid.
El colegio concertado Peñalvento, en Colmenar Viejo, uno de los ocho centros del grupo EduCare en la Comunidad de Madrid.

La factura por un colegio que nunca existirá le saldrá cara a los madrileños, 615.000 euros. La Comunidad de Madrid deberá pagar esa cantidad a una empresa de colegios concertados por el centro Doctor Fleming, que fue paralizado en 2015 en Móstoles tras un error del gobierno regional y un cambio en la alcaldía del municipio, 20 kilómetros al suroeste de Madrid.

La indemnización es una compensación por todos los gastos que el grupo EduCare desembolsó después de ganar el 22 de mayo de 2015 el concurso para construir el centro en dos parcelas anexas, una de la Comunidad y otra que el Ayuntamiento de Móstoles cedió al gobierno regional. Esta segunda parcela era suelo para oficinas y no era apto para la construcción de un colegio, de acuerdo con el plan urbanístico mostoleño. Cuando las autoridades quisieron rectificar el error ya era demasiado tarde. Dos días después de la adjudicación del concurso, el Ayuntamiento cambió de manos, del PP al PSOE, en las elecciones del 24 de mayo de 2015.

El nuevo alcalde socialista, David Lucas, bloqueó la operación el 12 de junio por motivos ideológicos. Lucas no concebía que un barrio nuevo, el PAU 4 de Móstoles Sur, con 10.000 habitantes —y una proyección de llegar a los 30.000— tuviera un colegio concertado antes que uno público. La cesión de terreno público para fines privados causó malestar. Esta ha sido una práctica habitual para la construcción de concertados desde la época de Esperanza Aguirre.

“La Comunidad acata la sentencia, pero también hace constar su voluntad de llevar a cabo la construcción del centro educativo concertado, algo que se truncó por una decisión política del nuevo equipo de Gobierno entrante en el Ayuntamiento”, argumentó un portavoz gubernamental. “La Comunidad no podía aprobar un proyecto distinto a ejecutar exclusivamente en la parcela de su propiedad, ya que difería mucho del original, y por eso decidió la extinción del contrato con el concesionario”, siguió. “Tras la ejecución de esta sentencia, el Ayuntamiento cuenta con un ingreso indebido de 264.000 euros [por la licencia municipal] que tendrá que devolver a la concesionaria, y esta a su vez a la Comunidad [si se le reclama]”.

EduCare ganó la cesión del terreno en la recta final de gobierno del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (2012-2015). La empresa iba a disfrutar del terreno durante un período de 75 años a cambio del pago de un canon anual de 20.000 euros. Hasta que la operación se vio truncada, la empresa hizo desembolsos por el proyecto de obra, la licencia municipal o la publicidad. En la parcela ya había una valla anunciando el nuevo centro y un director fue contratado y se estuvo entrevistando durante meses con padres interesados. Su salario es otro de los conceptos que deberá cubrir la Comunidad.

En un principio el Gobierno regional ofreció una compensación de 119.000 euros, pero la empresa exigía 615.356 euros por todos los gastos en los que incurrió. Recurrió y ganó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una sentencia que se convirtió en firme este año. El Consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó este martes el desembolso de la cantidad restante hasta cubrir lo demandado por la empresa.

EduCare es uno de los grupos de educación concertada más grandes de la Comunidad de Madrid. Tiene ocho centros en la región en los que este curso estudian 9.750 alumnos. Seis de sus ocho colegios están construidos en terreno público cedido por la Comunidad a cambio de un canon, por períodos que oscilan entre 50 y 75 años. Su ideario se basa en una formación integral, dice su presidente, Carlos Madruga, que corrige a quienes creen que son un grupo religioso, como muchos otros actores del mercado de la educación concertada en Madrid.

Hoy la parcela del Doctor Fleming sigue siendo un terreno baldío. Cerca ha sido levantado un colegio público, el Maruja Mallo. “Al final la gente de Móstoles ha salido perdiendo”, dice el presidente del grupo EduCare, Carlos Madruga. “Ya no tienen la oportunidad de tener distintos tipos de colegios para escoger”. Añade que no responsabilizan a nadie por el resultado de la operación fallida. “Al Ayuntamiento no le echamos la culpa porque ellos son fieles a sus votantes”, dice. “Los partidos de izquierda no quieren que se construyan colegios concertados en suelo público pero la realidad es que no nos queda otra opción porque apenas existe suelo privado apto para fines educativos”, añade.

Comisiones Obreras dice que va a estudiar si exigir responsabilidades penales y patrimoniales. Isabel Galvín, responsable de Educación en Madrid de este sindicato valora como un despilfarro de dinero público la operación. CCOO se opone a las cesiones de suelo público a empresas de educación porque lo considera un trato de favor. “Es un fraude político a la ciudadanía y, en particular, al alumnado y sus familias que quieren escuela pública”, dice Galvín.

El colegio fantasma no será sustituido por otro centro escolar, ni siquiera uno público, porque no hay tanta demanda. En un signo de los nuevos tiempos el Ayuntamiento ha pedido a la Comunidad que construya en su lugar un centro de mayores.

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