Móstoles frena un concertado sobre suelo público

“El anterior Gobierno [PP] cedió a la Comunidad una parcela para que se construyese un concertado y esta se lo ha entregado a la empresa”, explica David Lucas, el nuevo alcalde de Móstoles, socialista. Pero esta cesión, publicada este lunes en el Boletín oficial de la Comunidad de Madrid, puede quedar en papel mojado. Lucas no tiene intención de dar el permiso de obras, indispensable para que estas empiecen.

El regidor esgrime dos motivos. Uno práctico. Los servicios técnicos del Ayuntamiento afirman que el suelo de la que era su parcela tiene un uso dotacional administrativo, no educativo. Habría que hacer una modificación del ordenamiento urbano para que pudiese edificarse y no hay intención.

Y la segunda explicación de Lucas es ideológica. No concibe que en un barrio nuevo, el PAU 4 de Móstoles Sur, con 10.000 habitantes —y una proyección de llegar a los 30.000, la población de Aranda de Duero— no disponga de un colegio o un instituto público y sí uno concertado.

“Muchas familias no se pueden permitir pagar 1.000 euros al año de cuota”, prosigue Lucas.El colegio se defiende y asegura que la “demanda es real” pues en pocas semanas solicitaron información familias de 85 posibles alumnos. La oferta se dirige desde los dos a los 18 años.

“Las familias de Móstoles quieren ejercer su derecho a elegir colegios concertados, como también demuestran las largas listas de espera que tienen en la actualidad este tipo de colegios en el municipio”, se defiende EduCare en la web del Fleming.

Fuentes de la Consejería de Educación sostienen también que existe demanda de enseñanza concertada y que existe un “equilibrio razonable” en Móstoles donde hay 35 colegios y 17 institutos públicos y seis con concierto. Educación ha mantenido varias reuniones con el Ayuntamiento para desbloquear la situación. “Nos dicen que, si no, no va a haber luego un colegio público, pero no vamos a ceder”.

La entrega del terreno público para fines lucrativos privados levanta ampollas desde el año pasado. Hasta el extremo de que la Ginés de los Ríos, la federación que agrupa a casi todas las asociaciones de padres de la pública, denunció en marzo de 2015 a la entonces consejera de Educación, Lucía Fígar, ante el juzgado de instrucción de Móstoles.

Argumentó entonces la Ginés de los Ríos que Educación no había seguido los pasos preceptivos para la cesión de las dos parcelas públicas. “La resolución que nos ocupa debería haber sido sometida al dictamen del Consejo Escolar de la Comunidad [al afectar a la red de centros], como reiteradamente le han indicado los tribunales a la consejería”.

Además, la federación considera ilegal que la consejería otorgue el concierto antes de que se haya puesto en marcha. La donación del suelo es de diciembre —aunque publicada ahora—, pero hace tiempo que sobre las parcelas hay un cartel publicitario.

La empresa dice en su web que va a trabajar para “prestar servicio” al PAU-4 en el curso 2016-2017. La situación actual de bloqueo no invita al optimismo, aunque, si consigue el permiso municipal, en otras ocasiones Educación ha permitido que se den clases en barracones mientras se construye.