Con la música a otra parte

Los componentes de Ataca Paca desafían el frío para amenizar a los transeúntes. El ambiente se caldea con sus ingeniosas letras. La gente les rodea, baila y deja monedas en la funda del contrabajo. Un botín esencial, ya que los músicos callejeros viven fundamentalmente de ellas. La banda se creó hace tres años y durante este tiempo su hábitat ha sido el distrito Centro. Los vecinos pasaron años quejándose de los ruidos, pero en febrero del año pasado el Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena aprobó un decreto consensuado por todas las partes para regular las actuaciones en una zona declarada de protección acústica especial (ZPAE) en 2011. La llegada al gobierno de PP y Ciudadanos ha devuelto a los músicos a la casilla de salida.

Año y medio después de aprobarse, la normativa ha dejado de aplicarse sin que nadie les haya explicado el motivo. Fuentes municipales han reconocido a EL PAÍS que la intención es modificar el decreto en vigor para adecuarlo a los criterios de la ZPAE. “Es una instrucción del concejal del distrito Centro”, insisten. La posibilidad de cambiarlo fue una de las reclamaciones efectuadas por la coordinadora durante la comisión de evaluación celebrada el 21 de octubre. Mientras sucede, el Consistorio ha decidido cortar por lo sano: desde julio no emite las autorizaciones (personales, intransferibles y de periodicidad semestral) que contempla la ley. En cambio, durante el primer semestre de 2019, la oficina encargada expidió 839 permisos.

A los músicos se les ha ido caducando con el paso de los meses y ahora, tocar en el corazón de la capital les supone arriesgarse a una multa de hasta 600 euros, el doble si son reincidentes. Es lo que les ocurrió a los miembros de Ataca Paca el 5 de noviembre mientras actuaban en una calle del centro de Madrid. Un lugar en el que, según la ordenanza municipal, está permitido tocar a ciertas horas. Como el Ayuntamiento no ha renovado sus licencias, la policía redactó 11 denuncias, una por cada músico. Hasta finales de noviembre se registraron 858 multas, la mayoría por carecer de autorización o incumplir la normativa, según datos oficiales. Fuentes municipales precisan que la cantidad de sanciones fue superior en el primer semestre del año, 481 por las 377 con las que cerró el mes pasado. Pero aún no ha terminado el año.

“Nos sentimos perseguidos”, reconoce un solista que canta a hurtadillas en los alrededores de la puerta del Sol. No quiere revelar su identidad por miedo a represalias. Ataca Paca, en cambio, ha optado por cambiar la ubicación de sus improvisados conciertos. Han huido del centro y como alternativa han elegido la plaza de Juan Goytisolo, frente al museo Reina Sofía. “Es uno de los pocos lugares donde podemos tocar sin que nos eche la policía. Quizás molestamos menos, pero para nosotros no es el mejor sitio”, reconoce Flor Goldstein, saxofonista del grupo.

La banda quiere regresar cuanto antes al distrito Centro, donde se aglutinan los turistas. “No entendemos qué sucede. Estamos muy calientes con este tema”, dice enfadado Simone Rossi, guitarrista italiano de Ataca Paca. “Si el decreto no está derogado, es que sigue vigente”, reflexiona en voz alta Fernando Ponce de León, flautista. Raúl Márquez, miembro de la plataforma La Calle Suena, reconoce que paralizar el decreto sin que exista una alternativa hace que “todo se vaya al garete”. Conseguir que se aprobara no fue fácil. Para consensuar el texto se necesitaron dos años. En el proceso participaron músicos, vecinos, policías, políticos y técnicos de Medio Ambiente. “El Ayuntamiento quiere cambiarlo ahora en base a su criterio. Es un paso atrás”, se queja. Márquez reconoce que la plataforma no descarta llevar el incumplimiento del decreto por la vía judicial.

En 2013, el Gobierno de Ana Botella (PP) ideó unas pruebas de idoneidad a las que se presentaron 350 personas. El examen se realizó una sola vez y la mayoría de los músicos rechazaron participar. “Eran unas ridículas pruebas de talento que no acabaron con las quejas. Los músicos seguían desprotegidos”, afirma Jorge García Castaño, concejal de Más Madrid y responsable del distrito Centro durante el gobierno de Carmena, cuando se sancionó el decreto. “Aprobarlo significó darles cobertura para que tuviesen garantías jurídicas, pero también proteger a los vecinos y a zonas sensibles”. El decreto fue modificado en dos ocasiones durante el mandato anterior para adecuar horarios y zonas. “Siempre habrá quejas, porque siempre habrá alguien que se moleste”, reconoce García Castaño.

“Todo comienza con la queja de un vecino. Unas veces lleva razón y otras no. El problema surge cuando empiezas a depender del estado de ánimo de los policías. El decreto se aprobó precisamente para eliminar esa situación, pero ahora volvemos a sentirnos desprotegidos”, subraya Daniel Cabrera, integrante de Madrid Hot Jazz Band. La última vez que solicitó renovar la autorización para tocar en la calle fue en septiembre. No ha recibido aún respuesta. “En ocasiones anteriores me enviaron el permiso al correo electrónico en cuestión de días”, especifica Cabrera. Y remata: “No es lógico paralizarlo todo porque van a cambiar la normativa. Hasta que eso suceda, deben respetar la legislación existente”. Guillermo González, miembro de Mandanga, aún tiene en vigor su autorización, pero le caduca a final de mes. Cuando suceda, la volverá a solicitar y, si no se la otorgan, lo tiene claro: “Mi iré a tocar al metro o a otro lugar”.