La Generalitat anuncia un préstamo mínimo de 30.000 euros por edificio para su reforma

La Agencia Catalana de la Vivienda destinará una partida de 100 millones de euros a las comunidades de vecinos para reformar los edificios plurifamiliares. Lo hará mediante una línea de crédito que debe amortizarse en 15 años. El importe mínimo otorgado será de 30.000 euros por comunidad y no podrá superar los 20.000 euros por domicilio. La Generalitat pretende fomentar con esta medida que los propietarios realicen las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE) pertinentes.

"Somos conscientes de que muchas familias tienen problemas para cumplir los criterios de rehabilitación y eficiencia energética", ha asegurado Judith Grifeu, directora de la agencia, "por eso promovemos esta línea de crédito". Según datos de la Generalitat, solo la mitad de los edificios catalanes (702.000) con más de 45 años de antigüedad ha realizado las reformas requeridas en su vivienda. Una de cada tres acumula deficiencias graves, y en un 14,30% de los casos la estructura presenta riesgos inminentes. Muchas comunidades de vecinos esquivan las reformas pendientes al no poder afrontar los pagos con el sistema vigente de subvenciones. 

Vivienda asegura que la mayoría de las ayudas que se piden (58%) se centran en mejorar la accesibilidad de los edificios, como las reformas de los ascensores comunitarios. Sus dirigentes piden que las reformas se amplían también a cuestiones de eficiencia energética, que no alcanzan la media europea, así como aquellas de carácter estructural, generalmente más costosas. "Esperamos que con la nueva financiación se pierda el miedo a realizar las inspecciones", ha expresado Jordi Sanuy, director de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la Vivienda.

"Hace falta que haya un cambio cultural en las comunidades de vecinos, se han de acostumbrar a las ITE", ha reclamado así mismo Jaume Fornt, director adjunto de la agencia. "Pese al entusiasmo que tenemos por esta nueva fórmula, primero necesitamos que todos cambien el chip; hay que hacer una tarea pedagógica con todos los agentes implicados", ha añadido Fornt.

El préstamo, cuyo desarrollo comenzará a partir del próximo enero, viene con condiciones. Las obras financiadas no podrán alargarse más de dos años, y solo podrán solicitarlo aquellas comunidades con una morosidad inferior al 5%. En casos excepcionales, esta cifra podría ascender al 8%. "Se ha de garantizar mínimamente que el préstamo se devuelva", ha argumentado Sanuy.

Los dirigentes no plantean ayudar con este método a aquellas comunidades que no cuenten con una comunidad de vecinos constituidas, generalmente localizadas en aquellos barrios más desfavorecidos. Sanuy se ha mostrado tajante y ha asegurado que estos inmuebles "no podrán solicitar" el préstamo. "Tratamos a las infraviviendas como un caso de emergencia social", ha justificado Fornt. "Hay mediadores comunitarios que van a estos inmuebles para constituir las comunidades", añadió Grifeu.