Ser pobre, profesión de riesgo

David Zurdo nació hace 38 años en Sabadell. Allí ha vivido toda su vida. La crisis acabó con su empleo. Fue desahuciado hace dos años. Tenía que elegir entre comer o pagar el piso. Entregó las llaves de su vivienda al banco y se fue a vivir realquilado. Percibía una prestación de 604 euros al mes de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). Sin aviso alguno, la Generalitat se la suspendió el 1 de noviembre de 2018, afirma. Se quedó sin ingresos y sin habitación. Por suerte, no tenía personas a su cargo. “He dormido algunas noches en bancos. He ido a buscar chatarra para vender, he echado una mano cuando me han ofrecido 20 euros... He hecho todo lo que he podido y me ha salido”, explica David, un hombre moldeado por la precariedad. A lo largo de su vida ha sido desde camarero hasta peón de obra. “No tengo nada y no quiero ayudas, quiero un empleo aunque sea de 12 horas diarias y mil euros al mes”, añade. El 6 de noviembre pasado la Generalitat aceptó a trámite su reclamación para volver a cobrar la RGC. “Gracias a la generosidad de un amigo, hace cuatro meses he conseguido empadronarme”, concluye. Aunque el fallo sea favorable no verá ni un euro hasta entrado el año que viene.

David es víctima de un sistema perverso que sobre el papel ayuda al débil, pero en realidad se blinda tanto que acaba excluyendo a miles de potenciales beneficiarios. Este ciudadano de Sabadell se quedó sin la prestación de la RGC porque la Generalitat estimó que había dejado de residir en Cataluña, pues al echarle del piso carecía de padrón. De nada le sirvió aportar diversos recibos que acreditaban que siempre había vivido en esa cocapital de Vallès Occidental, ni las reiteradas comparecencias ante el Servei Català d'Ocupació (SOC), donde nunca dejó de sellar, ni el recibo de una empresa de una casa de empeños.

En esta comunidad se peca mucho más por defecto que por exceso con respecto al pobre

Si ser obrero hace años no era ninguna ganga, ser pobre sistémico se ha convertido en una profesión de riesgo. Incluso en esta Cataluña que se dirige al paraíso social —según algunos independentistas— un ciudadano que cumpla las condiciones para percibir la RGC puede dejar de hacerlo por vivir realquilado tras ser desahuciado. La sospecha de que tras esta pesadilla burocrática se esconde el recorte social cobra todo el sentido cuando la Síndica de Greuges de Sabadell es capaz de detectar que solo el 4,5% de las personas sin hogar de su ciudad son beneficiarias de la RGC. Quizás las cosas no han cambiado tanto respecto a cuando era consejero Francesc Xavier Mena, allá por 2011. En aquel año ya se procedió a recortar las ayudas del equivalente de entonces de la RGC —la Renta Mínima se Inserción (RMI)— porque, según el relato oficial, muchos magrebíes la cobraban y se iban a su país a vivir como sultanes. El recorte de la prestación a musulmanes, cristianos, judíos y gentiles supuso unos 50 millones de euros y fue presentado como fruto de una gestión eficaz de ahorro, un auténtico trofeo de caza de los campeones de la austeridad. Todo hacía pensar que pasados los años y con la presencia de Esquerra en el Departamento de Trabajo de la Generalitat las cosas iban a ser distintas. Y lo fueron. Mientras Dolors Bassa —actualmente encarcelada— estuvo al frente de la cartera afloró una sensibilidad ahora tristemente marchita.

El Departamento de Trabajo ha enviado instrucciones al núcleo que decide la concesión de la prestación. A pesar de la Ley de Transparencia, la Generalitat se niega a facilitar a los impulsores de la RGC esta documentación. Los promotores creen que estos criterios actúan en un sentido restrictivo, con la intención de extinguir o limitar una prestación que se convirtió en ley gracias a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), aprobada sin votos en contra en el Parlament. Sea como fuere, en Cataluña se peca mucho más por defecto que por exceso con respecto al pobre. El Gobierno del País Vasco —con una tasa de riesgo de pobreza del 12,1% sobre 2,7 millones de habitantes— gasta anualmente 500 millones de euros en practicar la cohesión social a través de su Renta de Garantía de Ingresos. El Govern, por el contrario, emplea en ese mismo concepto alrededor de 250 millones. Con ellos debe paliar una tasa de riesgo pobreza, según el índice AROPE, del 24,7% sobre una población de 7,5 millones.

Es vergonzoso diseñar laberintos burocráticos que buscan el desistimiento de un derecho, mientras con la otra mano se pinta un trampantojo capaz de hacer palidecer a la divina Acracia de Salvat-Papasseit. Esa es una de las especialidades de la casa.