La Universidad Rey Juan Carlos oficializa su ruptura con el Instituto de danza Alicia Alonso

El divorcio entre la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el instituto de danza Alicia Alonso ya es un hecho, con los hijos de por medio. En este caso, los alumnos, que asisten alucinados a un hecho que les inquieta y les preocupa, y en el que se han convertido en la pieza central de una historia en la que son los primeros damnificados. Todo empezó la semana pasada, cuando se hizo oficial que el convenio que tenían ambas entidades no se iba a renovar. Con el curso recién empezado, vieron cómo se trastocaba todo en cuestión de horas sin saber si 26 de los 33 profesores que tenían iban a continuar con ellos. Una semana después, la Universidad les ha anunciado a través de un correo que se hará cargo de la gestión completa de su grado superior, que equivale a una carrera universitaria. Representantes del instituto de danza, sin embargo, han contraatacado después con otra misiva: llevará a los tribunales el rector de la Universidad por impedir que los alumnos terminen este curso como hasta ahora.

“Es una locura. La verdad es que a nosotros nos gustaría que se solucionara cuanto antes, y sobre todo querríamos mantener a nuestros profesores, porque ya los conocemos y ellos nos conocen a nosotros”, dice una alumna de segundo, que prefiere que no salga su nombre pero que añade que existe incertidumbre generalizada entre el alumnado.

Precisamente para evitar esa incertidumbre, el rector de la universidad, Javier Ramos López, ha decidido mandar la carta que anunciaba la ruptura definitiva entre ambas entidades tras 18 años de unión. “Me dirijo a vosotros para informaros de que la Universidad Rey Juan Carlos ha decidido asumir la totalidad de la gestión de los estudios que estáis cursando. Hasta ahora, la Universidad había encomendado una parte importante de la docencia de estos estudios al Instituto de Danza Alicia Alonso, con el que durante 18 años se ha mantenido una excelente relación”, explicaba el rector. “Por un lado, las exigencias legales y, por otro, los cánones de transparencia en los que quiere situarse la URJC, no permiten que la vinculación entre ambas instituciones, con relación a la docencia de grados oficiales, siga siendo la misma”, justificaba.

La Universidad prorrogó durante el curso académico 18/19 la encomienda de gestión al Instituto, con el objetivo de preparar la transición “de manera adecuada” e intentar llegar a un acuerdo con sus responsables relativo a "la impartición de otros tipos de estudios que sí podrían ser gestionados por el Instituto” e impartidos en las instalaciones de la universidad, como ha ocurrido estos años. “Así, desde el inicio del curso pasado, y hasta hace unas semanas, los responsables de la URJC hemos intercambiado propuestas con los gestores del Instituto buscando una salida consensuada al problema planteado”, aseguraba el rector.

Pero visto el resultado, las conversaciones no llegaron a buen puerto. “Esta fase de transición entre un modelo y otro de gestión de la docencia oficial se irá produciendo durante las próximas semanas, informándoos adecuadamente del inicio de la misma. La Universidad se compromete a asegurar los cánones de calidad del grado y a mejorar sus instalaciones continuando con la oferta de unos estudios oficiales de prestigio internacional”, finalizaba la misiva.

Sin embargo, el instituto Alicia Alonso reaccionó avisando a los alumnos que llevarán a los tribunales al actual rector de la URJC para garantizarles su derecho a finalizar este curso, que, recuerda, empezó “en septiembre” y que finaliza el próximo junio. Además, añade que se estaba cometiendo una “enorme irresponsabilidad por parte de quien debería ser garante de los derechos de los estudiantes". “El rector ha retenido las matrículas pagadas y congelado las partidas salariales de los profesores, con el objetivo de que el hambre les haga abandonar las aulas”, lamentaba.

La URJC aportaba hasta el momento anualmente al Instituto, además de sus instalaciones, cerca de un millón de euros para que asumiera la formación práctica -más del 80% de la carga lectiva- de los matriculados en los estudios de grado, 267 en este curso. De los 33 profesores que actualmente daban clase a los alumnos, 26 pertenecen al Instituto y el resto a la universidad.

El Instituto, que comenzó en 1992 en la Universidad Complutense como Cátedra de la Danza, se convirtió en el primer centro autorizado en España para impartir titulaciones de grado, que empezó a impartir desde 2001 en la URJC, la primera enseñanza oficial de danza en una universidad española.

Consternación de Alicia Alonso

La célebre bailarina y coreógrafa Alicia Alonso (La Habana, 1920), también se mojó hace unos días en una carta en la que aseguró que está "consternada" ante la decisión del rector de la URJC, Javier Ramos, de concluir su relación y cerrar el instituto que lleva su nombre, único de características privadas adscrito a la universidad.

El convenio se extendía hasta el curso 18/19 y ya se comunicó entonces al Instituto que la naturaleza de la relación tenía que cambiar por una cuestión “legal y de transparencia”, explicó a este periódico Fernando García Muiña, vicerrector de Ordenación Académica de la URJC. Hasta el pasado 24 de julio, cuando ya se habían matriculado los alumnos -de ellos 40 nuevos-, "se ha intentado negociar y se han propuesto diferentes alternativas" pero ninguna ha tenido éxito.

El director del instituto, Alberto García, explicó también que las clases de este curso ya habían comenzado, que "el convenio sigue vivo en 19/20", y que por esa razón ya había contratado a los profesores, como hace cada año. "Si la universidad no paga el dinero que debería habrá que despedirlos", lamentó hace unos días.

García aseguró también que todo el conflicto nace del deseo de la universidad de "asumir un modelo mercantil": "La universidad nos plantea que tenemos que pagar las instalaciones, 186.000 euros, y el 50% de las matrículas, que son tasas públicas. Un alumno cuesta 6.800 euros y pagan de matrícula 1.280. Se supone que la diferencia es lo que financian los Presupuestos Generales del Estado".