400 patinetes requisados en un almacén del Ayuntamiento

La regulación del negocio de las bicicletas y motos eléctricas compartidas, que se alquilan por minutos, está más cerca en Barcelona. El Ayuntamiento ha abierto el periodo de recepción de solicitudes de empresas interesadas en hacerse con las casi 7.000 licencias para motos y las casi 4.000 para bicicletas, unas cifras que casi triplican los vehículos de sharing que actualmente circulan por la ciudad. Las licencias estarán otorgadas el 1 de enero y cada vehículo tendrá que pagar una tasa anual de 71,5 euros.

En paralelo, el consistorio trabaja en la redacción de la normativa que deberán seguir los operadores de patinetes eléctricos, que quiere tener lista en abril del año que viene. Mientras, la Guardia Urbana ha requisado desde el pasado verano 400 patinetes de las únicas dos empresas que operan pese al vacío legal. Formalmente, han sido requisados por no tener licencia y estar aparcados en el espacio público (ocupación intensiva del espacio público, de acuerdo a la Ordenanza de Uso de este espacio). Los vehículos están en un depósito municipal y la idea, ha explicado este lunes la concejal de Movilidad, Rosa Alarcón, es devolverlos a la empresas si en el futuro obtienen licencias.

"Queremos ordenar el espacio público y la obsesión del gobierno es proteger al peatón", ha señalado. Tras reunirse con el sector, el consistorio estima que las empresas interesadas en las licencias de bicis y motos de sharing serán siete de cada vehículo. La batalla por el negocio de los patinetes es mucho más intensa: son 25 los operadores interesados. De estos, 23 han respondido a la petición del Ayuntamiento de aguardar a que se regule el sector. Las otras dos son las que están siendo multadas y sus vehículos, requisados.

Volviendo la bicicletas y patinetes, una de las novedades que incluye el concurso es que las empresas (y también los usuarios cuando se bajen las aplicaciones móviles con las que operan) deberán adherirse a un Código de Buenas Prácticas, que ha sido elaborado por la Guardia Urbana, movilidad y el sector. Un decálogo que incluye medias como la obligatoriedad de que los conductores de las motos lleven casco, o cumplan normas básicas de seguridad: no conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, no llevar pasajeros menores o utilizar el vehículo para cometer delitos. "Cualquier usuario de sharing tendrá que adherirse al Código de Buenas Prácticas y si no será expulsado del sistema", ha advertido Alarcón.

Las licencias de sharing que prepara el consistorio serán para tres euros y el concurso contempla que todos los operadores que se presenten y cumplan los requisitos tengan una licencia. Las empresas deberán tener seguro de responsabilidad civil (para daños a terceros, los usuarios o al dominio público), no podrán alienar licencias, deberán ceder los datos de sus usuarios en tiempo real y reubicar sus vehículos si más de la mitad están en el centro durante más de dos horas. Además, tendrán que garantizar que las bicicletas se aparcan en las "u" invertidas instaladas por el Ayuntamiento, o cumplir las normas de aparcamiento en caso de las motos.