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OPINIÓN i

Certezas patrióticas, penuria social

Se viste la identidad patriótica mientras se desnuda la política social. En sanidad, educación y servicios sociales lo invertido actualmente es un 20% inferior a 2009

Protesta ante el Parlament para reclamar que se cumpla la Ley de Renta Garantizada.
Protesta ante el Parlament para reclamar que se cumpla la Ley de Renta Garantizada.

El discurso pronunciado por el president Quim Torra en el Debate de Política General fue aclamado por una parte de esa Cataluña que vota y se siente independentista. Firmó el certificado de defunción de la justicia, que, por cierto, en 1985 había extendido Alfonso Guerra con su “Montesquieu ha muerto”. Luego descalificó a la democracia española e hizo una defensa cerrada de los acusados de terrorismo e ingresados en prisión, integrantes de los Comités de Defensa de la República. No fue una sorpresa. El president los había calificado de “ciudadanos comprometidos con la sociedad”. Frente a Torra, la líder de Ciudadanos, Lorena Roldán, se presentó en el atril del Parlament con una fotografía de un guardia civil llevando en brazos a una niña herida tras el atentado etarra del 29 de mayo 1991 contra la casa cuartel de Vic. Para no decepcionar a la afición —a la parte más dura del unionismo—, Roldán acusó a Torra de liderar “un comando” y lo tachó de “peligro público”. La dirigente catalana de Ciudadanos se alineaba de esta manera con su líder, Albert Rivera, quien sincronizadamente se encontraba en Vic, anticipando la pieza de oratoria que repetiría su discípula. La de Rivera es una doctrina previsible y resultona: consiste en acusar de cómplices y amigos de ETA a todos sus enemigos y rivales políticos y al tiempo predicar la unidad de España en base a su adoración perpetua al artículo 155 de la Constitución.

Con ese guion, el debate fue todo menos lo que debía ser. Tuvo como colofón los gritos de “Llibertat!” desde el escaño por parte nada menos que del president y el abandono airado de los diputados de Ciudadanos del hemiciclo. En ese eterno bucle y soliviantado por el ingreso en prisión de los integrantes de los CDR, el independentismo volvió a optar por el oxímoron de la “desobediencia institucional”, aprobó pedir la retirada de la Guardia Civil de Cataluña y la amnistía.

Las pasiones a flor de piel hacen de estos unos tiempos propicios para patriotas. La retórica no cuesta dinero. La inacción en políticas sociales del Gobierno de Torra tiene su correlato en la falta de iniciativa política del primer partido de Cataluña, Ciudadanos. Sacan en procesión las simbologías nacionales respectivas en cuanto pueden. Enzarzados en asuntos del corazón —que a la razón le cuestan de entender—, dibujan y colorean con banderas una realidad que sigue siendo dura para quienes padecen las consecuencias de la crisis. Hablan mucho y hacen poco para paliar la situación de los más vulnerables.

Pero no hay que dejar que la realidad estropee un buen titular. Así que en su discurso del Debate de Política General, Torra maquilló descaradamente los datos sobre listas de espera en sanidad, el número de beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadania (RGC) o la situación de las universidades catalanas. A la historia pasará su grito de “Llibertat!” y la imagen de la líder de Ciudadanos mostrando al hemiciclo la foto del atentado terrorista de Vic. El caso es que entre tanta emergencia patriótica, en la Cámara eran inaudibles los lemas que coreaban los manifestantes a favor de la Renta Garantizada de Ciudadanía en el exterior. Habitualmente, las protestas ante el Parlament suelen celebrarse frente a la puerta de la Cámara, detrás de las vallas. Pero el miércoles no fue así. Los Mossos situaron a los manifestantes junto al instituto Verdaguer, al otro lado de la plaza de ese gran patricio que fue Joan Fiveller, bien lejos de la Cámara.

Los concentrados lamentaban el torpedeo burocrático constante por parte del Gobierno catalán de la ley de la RGC: el Ejecutivo de Torra racanea todo cuanto puede un derecho subjetivo, es decir, no sujeto a disponibilidad presupuestaria. Con una pobreza severa que la propia Generalitat estimaba en 2018 en 494.000 personas, esta prestación social solo alcanzaba a 124.427 ciudadanos en agosto de 2019, incluyendo 48.379 personas con complemento de pensiones. Pero lo importante es alardear de que el país funciona. Mientras la trastienda está en llamas burocráticas, se saca pecho con el Identicat, que sarcásticamente permite realizar trámites kafkianos con el aval de la administración catalana. O se propone a beneficio de inventario un “indicativo” salario mínimo interprofesional catalán. En realidad, se viste la identidad patriótica mientras se desnuda la política social. En sanidad, educación y servicios sociales lo invertido actualmente es un 20% inferior a 2009. Tiempos de muchas certezas y de pocas políticas sociales.

 

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