Pulso por investigar el caso Avalmadrid en la Asamblea

En Madrid, la batalla por investigar la corrupción también se disputa en los despachos, y se pelea con juristas. En octubre de 2017, el PP activó todos los mecanismos defensivos a su alcance para evitar la prolongación de la comisión de investigación sobre la corrupción en la Comunidad de Madrid, a cuya creación ya se había opuesto en 2015. Un año después, la formación conservadora también intentó frenar la comisión de investigación sobre el caso máster de Cristina Cifuentes. En las dos ocasiones, el PP pidió un informe jurídico a los servicios de la Cámara, buscando resquicios legales para bloquear las iniciativas de la oposición. A solo unos días de que la Mesa de la Asamblea se pronuncie sobre la investigación del caso Avalmadrid, la posibilidad de repetir esa estrategia sigue abierta.

"Pedirlo es lo mínimo", opinó una fuente gubernamental que se reconoció ajena a la decisión del grupo parlamentario popular, que se reunirá hoy y aún no ha definido su posición.

"Avalmadrid es una empresa, una entidad privada", defendió esta misma semana el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty. "Está supervisada y auditada por el Banco de España", añadió, sin referirse concretamente al expediente sancionador que tiene abierto el ente fiscalizador contra Avalmadrid por la concesión de avales sin las suficientes garantías. "No sabemos si será adecuada legalmente o no esta comisión", remató.

La sociedad de garantía recíproca Avalmadrid está participada en un 31,07% por la Comunidad, que le ha aportado decenas de millones de euros en los últimos años y ha nombrado presidentes y consejeros, pero no es estrictamente pública. El reglamento de la Cámara madrileña establece que sus investigaciones deben versar sobre "cualquier asunto de interés público dentro del ámbito de las competencias de la Comunidad". Y eso abre una brecha argumental que el PP podría intentar aprovechar para pedir un informe jurídico con el que convencer a Cs de que tiene una salida honrosa para retirar su decisivo apoyo a la comisión, que afectaría directamente a la actual presidenta, Díaz Ayuso, porque abriría la puerta a conocer todos los detalles sobre el polémico aval de 400.000 euros concedido en 2011 a una empresa participada por su padre —que nunca se devolvió—.

"Pero eso todo el mundo lo entendería como un mal truco", advirtió sobre la posibilidad de pedir un informe jurídico una fuente socialista especializada en el reglamento de la Cámara de Madrid. "La contundencia de Ignacio Aguado y César Zafra [en apoyo de la comision de investigación de Avalmadrid] quedaría por los suelos", añadió. "Y, si como parece, además Vox también va a apoyar la comisión...", remató, aludiendo a que el PP y Cs se quedarían solos frente al resto si la formación de Aguado variara su posición.

"No hay por qué pensar que el informe fuera a ser contrario a la creación de la comisión", dijo una fuente de Ciudadanos, que impulsó la comisión del caso máster —en la que tuvo que declarar la propia Cifuentes, ya como expresidenta regional— y apostó por incluir los casos Púnica y Gürtel en la de la corrupción de la Comunidad, pese a que aún están bajo juicio. "Está suficientemente abierto", añadió.

Precedentes

El carácter semipúblico de Avalmadrid ha servido en los últimos años a los sucesivos gobiernos del PP para evitar su fiscalización por parte de los diputados. Proporcionar la información solicitada incumpliría, según han argumentado distintos consejeros "con el deber de lealtad regulado en la ley de sociedades, y con el deber de confidencialidad regulado en el propio reglamento de Avalmadrid".

Sin embargo, hay precedentes en otras cámaras parlamentarias de investigaciones a empresas que ni siquiera tenían un porcentaje de participación pública.

Así, por ejemplo, el Congreso de los Diputados investigó el caso Rumasa y el caso Gescartera. Ahora, el pulso se dirime en la Asamblea de Madrid y decide si se fiscaliza lo ocurrido con el dinero público invertido en Avalmadrid entre 2007 y 2018.