Dar trigo

En Cataluña, uno de cada cuatro jóvenes menores de 25 años está en paro (la media española es uno de cada tres). Es el primer problema en un país cuya tasa global de desempleo era de un 11,2% a inicios de este verano (14% en España). No presto demasiada atención a ningún político catalán que no centre su programa en esta cuestión, a ninguno, me da igual el color de sus ideas. Dejo constancia de ello a las puertas de un otoño que algunos quieren comenzar no solo con clamor fundado, sino también con la amenaza de paralizar el país, algo banalmente fácil de conseguir, pues predicar, protestar o parar es siempre más sencillo que dar trigo. No es momento para parar nada en día laborable. Hay alternativas: aporten un día de sus ingresos a su causa preferida y manifiéstense, unísonos, un domingo por la tarde. Pero no paren Barcelona otra vez, que no alivia el paro. Al contrario.

Otros problemas hieren la vista. Así, en Cataluña todavía no hemos acertado a reducir la tasa de abandono escolar temprano (población escolar de entre 18 y 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa y que no sigue ningún tipo de formación) por debajo un 17% (14% en mujeres, 21% en hombres). De nada podemos presumir, que la media de abandono en la Unión Europea de 28 es un 10,6% y algunos vecinos nuestros, nada pretenciosos, como los cántabros, tienen una tasa de abandono inferior al 10%. En Barcelona, la tasa de Ciutat Vella es ocho veces más elevada que en Sarrià-Sant Gervasi, queda claro, pues, dónde están las prioridades. Es un problema secular: dentro de una o dos generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos irán a votar con personas que arrastrarán todavía las limitaciones de comprensión de la realidad propias de los déficits educativos serios. Pero también es solucionable: es acuciante reducir la tasa de abandono escolar por debajo del 10% en cinco años y abordar ya la inversión en la educación de adultos con el doble de los recursos empleados hasta ahora. Por favor.

Me objetarán que ambos problemas dependen de las limitaciones de gestión y presupuestarias asociadas al sistema constitucional español, centrípeto por diseño. Compro esa tesis, pero solo en parte, pues mucho —muchísimo— depende solo de nosotros: la aplicación del 155 en Cataluña (a la cual recuerdo haberme opuesto públicamente en un vídeo periodístico) duró siete meses, entre octubre de 2017 y junio de 2018, y paralizó nuestro autogobierno. Pero luego el Parlament de Catalunya ha estado bloqueado (por nosotros mismos) y funcionamos (porque queremos) con los Presupuestos (una y otra vez prorrogados) de 2017: nadie de fuera nos impidió aprobar en 2018 los de este año de 2019. A ver qué ocurrirá este próximo otoño con los de 2020.

En Cataluña somos más de siete millones y medio de residentes. Hoy me vuelven a importar quienes no son de aquí, casi un millón cien mil personas (1.082.099) a finales del año pasado. Insisto en que como no votan, apenas cuentan políticamente, son metecos. La primera nacionalidad es Marruecos (211.192), seguida por Rumanía (89.177) y China (59.380). Destaco a los pobres sirios (son algo más de un millar: 1.178), refugiados de una guerra tres veces cruel (por civil, religiosa y geopolítica). “Saydnaya” es el nombre maldito de una prisión militar, cerca de Damasco, en la cual ni se sabe cuántos miles de infelices han sido ahorcados, el lugar más parecido en el siglo XXI a un campo de exterminio. Si vuelvo a narrar fragmentos rotos de nuestra inmigración es porque aquí viven más de un millón de personas de docenas de países la inmensa mayoría de las cuales enriquecen y rejuvenecen a una Catalunya étnica envejecida. Cierto, algunos concentran problemas de seguridad que nos indisponen: es contraproducente tratar de ocultar que el 44% de los internos en prisiones catalanas son (mayormente hombres) extranjeros (en julio de este año, 994 marroquíes, 357 rumanos y 244 dominicanos encabezaban la lista, pero solo se contaban 45 súbditos chinos, gente que no se meten con nadie). Casi inevitablemente despreciamos y discriminamos a quienes son distintos de nosotros solo porque lo son, con la coartada de que algunos, muy pocos, de entre los suyos, han hecho esto o lo otro. Este es el tercer problema del país. Una propuesta nada cara es que, en diez años, nuestros cuerpos de policía reflejen la diversidad cultural y étnica de la población.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil en la Universitat Pompeu Fabra