Sociedad Civil Catalana demanda al Govern por los lazos amarillos y las pancartas de los presos

Societat Civil Catalana (SCC) presentó a finales de julio una demanda contra varios departamentos de la Generalitat por colgar lazos y pancartas en favor de los presos independentistas en edificios públicos. La demanda se interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pidiendo que reconozca que colocar la simbología de apoyo a los presos o el lazo "vulnera los derechos fundamentales" y la "neutralidad" de los edificios de la Generelitat. La decisión de iniciar acciones legales contra la Generalitat es una de las primeras de la nueva presidencia de Fernando Sánchez Costa, al frente de SCC desde finales de junio. 

Fuentes de esa entidad han precisado que se trata de una "demanda conjunta" impulsada con Abogados Catalanes por la Constitución, una asociación que suele ocuparse de las iniciativas jurídico legales de SCC. "No nos parece lógico que de los balcones de edificios públicos cuelgue una simbología que solo representa a una parte de Cataluña porque excluye al resto", han declarado fuentes de SCC. Hasta ahora, los pronunciamientos judiciales sobre la simbología alusiva a los políticos en prisión por el procés se circunscribía a los periodos electorales. De hecho, la no retirada del lazo amarillo del balcón del Palau de la Generalitat le ha supuesto al president catalán, Quim Torra, la acusación de desobediencia por no acatar a tiempo la orden de la Junta Electoral Central (JEC).

SCC entiende que no es lógico que la prohibición de colgar el lazo amarillo o las pancartas se circunscriba exclusivamente a periodos electorales "porque el resto del tiempo también se vulnera los derechos fundamentales de quienes no son independentistas  al ver en edificios públicos simbología que sí lo es", señalan desde la entidad, que se acoge a una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2016. El fallo recayó por otra demanda de SCC ante la JEC contra CiU por colgar la bandera estelada en edificios públicos. "El Supremo en esa ocasión mantuvo el criterio de que la estelada no debía estar en edificios públicos tanto en periodos electorales como fuera de ellos porque se vulneraban en ambos casos los derechos fundamentales. Lo que creemos es que se debe extender ese criterio", sostienen desde la entidad constitucionalista.

Previamente a la presentación de la demanda, SCC requirió a la Generalitat para que informara de cuántas consejerías exhiben el lazo amarillo o la pancarta en sus edificios, lo que ocurre aproximadamente en 10 u 11, según la entidad, que ya ha presentado otras demandas parecidas contra ayuntamientos que exhiben simbología relativa al procés.