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PSOE y Ciudadanos imponen la transparencia en Alcobendas

Es la segunda localidad madrileña que se adhiere a la Carta Internacional de Datos Abiertos, después de Madrid

El concejal de Transparencia de Alcobendas, Roberto Fraile.
El concejal de Transparencia de Alcobendas, Roberto Fraile.AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

PSOE y Ciudadanos quieren situar a Alcobendas en la pole position de la transparencia. El Ayuntamiento de esta localidad de 120.000 habitantes se ha adherido a la Carta Internacional de Datos Abiertos, que recoge una serie de buenas prácticas a la hora de ofrecer información a los ciudadanos. La iniciativa supone ir un paso por delante de la Ley de Transparencia aprobada en España en 2013. A partir de ahora, la web municipal de Alcobendas ofrecerá un mayor número de datos de la localidad a sus vecinos. Alcobendas, situado al norte de la capital, es el segundo municipio de la región que se suma al proyecto. El primero fue precisamente Madrid, que se sumó hace cuatro años.

El nuevo equipo de Gobierno, formado por PSOE y Ciudadanos, entiende que la información sobre la gestión y los servicios municipales constituye “un bien que debe ser accesible a la ciudadanía, a las empresas y a otros organismos”. Ese es el motivo que les ha llevado a avanzar en su aplicación, aunque Alcobendas ya se situaba a la cabeza de todos los parámetros sobre transparencia.

En los próximos días la web municipal ofrecerá nuevos datos, que también estarán disponibles en la página de la Carta Internacional de Datos Abiertos, un compromiso adoptado originalmente por 17 instituciones en la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto que se celebró en octubre de 2015 en México. Actualmente engloba a 71 gobiernos nacionales, regionales y locales, entre ellos, Cataluña, Mérida, Gijón, Salamanca y Zaragoza.

Los requisitos que deben cumplir las instituciones que ratifiquen el compromiso son varios: que los datos sean públicos por defecto, exactos, accesibles y fáciles de utilizar por los ciudadanos, que se puedan comparar para favorecer la interoperabilidad, que mejore la participación ciudadana y que fomente la innovación.

Entre los nuevos datos que ofrecerá a partir de ahora la localidad madrileña se encontrarán aquellos que tengan que ver con el concepto de smart city (ciudad inteligente) y con la calidad del aire. “El objetivo no es solo informar al ciudadano, sino dar a las empresas una oportunidad de negocio. Es una línea que queremos potenciar en los próximos años”, revela Roberto Fraile, concejal de Transparencia en Alcobendas y el encargado de firmar la adhesión.

Fraile destaca que los funcionarios municipales ya trabajan para recopilar los datos de múltiples áreas, pero que la iniciativa no tiene coste adicional para las arcas públicas.

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El edil afirma que son los propios trabajadores los que solicitaron esta iniciativa y que el objetivo es “que la ciudad se abra al mundo”. La Carta Internacional de Datos Abiertos, avalada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, apuesta por unos gobiernos, una sociedad civil y unas organizaciones privadas más transparentes, eficientes y efectivas. Por eso, según el documento ratificado por la ciudad madrileña, “los datos abiertos se ubican en el centro de este cambio global” y su apertura “promueve la construcción de sociedades más interconectadas, que satisfagan las necesidades de los ciudadanos”.

Información pública

El derecho de acceso a la información pública en España ha calado de manera desigual desde que entró en vigor la Ley de Transparencia en diciembre de 2013. Beatriz Martínez, profesora de Derecho de la Información en la Universidad Complutense, afirma que la normativa estatal sirve de marco jurídico, pero que autonomías y Ayuntamientos han aprobado sus propias normas. “En cada sitio se ha desarrollado a distintas velocidades, aunque en la Comunidad de Madrid no se le ha dado mucha importancia”.

La Asamblea aprobó la Ley de Transparencia regional, propuesta por el PSOE hace tres años y con el voto en contra del PP, en el último pleno de la legislatura, pero no entrará en vigor hasta enero de 2020.

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