El Ayuntamiento rechaza recurrir la sentencia que absuelve a Botella por la venta de vivienda pública

El Tribunal de Cuentas ha revocado la condena del pasado 27 de diciembre a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y siete ex altos cargos del Ayuntamiento por vender 1.860 viviendas públicas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a dos fondos buitre en 2013. El Ayuntamiento, encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida (PP), ha descartado recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, como le han pedido Más Madrid y PSOE. Los dos partidos denuncian además los lazos con la exalcaldesa de una de los dos consejeros que han votado a favor de exculpar al anterior equipo municipal del PP.

“Parece evidente que cuando los procesos penales han sido archivados, cuando la Fiscalía también se ha adherido a desestimar este asunto y cuando el propio Tribunal de Cuentas ha dictado esta sentencia revocatoria, no parece que tenga mucho sentido recurrir”, ha afirmado en una comparecencia ante la prensa la portavoz municipal, Inmaculada Sanz. Según la concejal, la sentencia “deja claro que existió un concurso público, que había una serie de informes, entre ellos el de la Intervención, que avalaba ese proceso”, como ha defendido su grupo municipal en los últimos años.

El fallo de diciembre condenó a Botella y a parte de su equipo a pagar 25,7 millones de euros por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública, al considerarles “responsable directo”. Ahora una instancia superior del mismo tribunal, ante el que los condenados presentaron un recurso, da marcha atrás en una decisión que han tomado tres consejeros, dos a favor, del PP, y uno en contra, del PSOE.

Fue el gobierno de Manuela Carmena quien presentó la demanda en noviembre de 2017, al entender que la venta de las viviendas había causado un perjuicio de 127 millones al Ayuntamiento. Ante la decisión del tribunal solo cabe recurso de amparo ante el Supremo, que debería presentar el demandante, es decir, el gobierno municipal de PP y Ciudadanos, encabezado por José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, de quien depende la EMVS.

Rita Maestre, portavoz de Ahora Madrid, considera "vergonzosa" la decisión judicial. Según la concejala, la consejera del PP Margarita Mariscal de Gante —exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella— debería haberse inhibido del caso, como hizo en el pasado una consejera que conocía a Marta Higueras, ex número dos de Carmena y responsable de la EMVS. "Es evidente que la exministra de Aznar no puede juzgar a Botella", ha señalado Maestre, que expera que "el gobierno del Ayuntamiento y la EMVS velen por los intereses de los madrileños y presenten un recurso de casación, cosa que deben y pueden hacer".

El PSOE se manifiesta en la misma línea. "Lamentamos esta sentencia", dice la concejal Mercedes González, que asegura que la esperaban "teniendo en cuenta que la sala de enjuiciamiento está presidida por una exministra de Aznar, que creemos que debería haberse abstenido de participar en la deliberación y en el fallo de esta sentencia, no solo porque fue ministra de Aznar, marido de Ana Botella, sino también por su conocida amistad con un consejero del Tribunal de Cuentas, llamado Manuel Aznar, cuñado a la sazón de Ana Botella".

González afirma que "los hechos están más que probados" y "son incuestionables". "Pedimos tanto a la EMVS, que es la única que puede recurrir, como a la Fiscalía, que vayan al Supremo para recurrir en casación ya que es el máximo garante del Estado de derecho en nuestro país", añade la concejal. "Es un perjuicio que consideramos que el Ayuntamiento debe recurrir esté quien esté y gobierne quien gobierne", por el daño económico generado que considera que se debe resarcir.