El exdirector de Anatomía de la Facultad de Medicina será juzgado por el caso de los cadáveres de la Complutense

José Ramón Mérida, exdirector del departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM),  va a ser juzgado por el "caso de los cadáveres de la Complutense" al permitir que cinco empleados del centro que dirigía en 2014 trabajasen en condiciones insalubres, según un auto emitido por la titular del juzgado de instrucción número 37 de Madrid,Purificación Elisa Romero Paredes. En el escrito, adelantado por El Mundo, la juez decreta el sobreseimiento de las actuaciones contra el resto de denunciados por varios técnicos del departamento al entender que no sabían lo que ocurría, entre los que se encontraba el entonces decano de dicha facultad. La fiscalía y las acusaciones particulares cuentan con un plazo de 10 días para presentar los correspondientes escritos de acusación contra el exresponsable del citado departamento.

El "caso de los cadáveres de la Complutense" se descubrió tras una investigación por parte de Inspección de Trabajo que detectó  que había 534 cadáveres hacinados en las instalaciones del departamento porque no había sitio para almacenarlos, apilados en la cámara frigorífica que no funcionaba correctamente, y amontonados en el suelo y en otras zonas del sótano. Ello generó, según se relata en el auto, que los técnicos que trabajaban allí sufrieran un incremento "de las malas condiciones en las que venían realizando su trabajo y con grave peligro para su salud, con una ausencia absoluta de seguridad e higiene; en unas instalaciones sin extracción localizada, llenas de cadáveres, muchos de ellos en avanzado estado de descomposición; en un ambiente totalmente insalubre, soportando continuos y fortísimos olores a putrefacción; y, a partir del año 2014 con presencia en el suelo del pasillo que separaba las distintas salas del sótano de fluidos y líquidos; y de larvas e insectos procedentes de las salas donde había restos cadavéricos en putrefacción".

El escrito de la juez establece en su relato que los técnicos del departamento, ubicado en el sótano de la Facultad de Medicina, trabajaban bajo las directrices de José Ramón Mérida  y consistía en la recepción y tratamiento de cadáveres que procedían de donaciones para realizar prácticas científicas por parte de alumnado. En mayo de 2014 la Inspección de Trabajo paralizó los trabajos que cinco técnicos  que estaban "sometidos y expuestos" a niveles de contaminación ambiental de formaldehidos y otros compuestos químicos "muy superiores a los valores límites máximos permitidos", así como a agentes biológicos infecciosos o parasitarios relacionados con la manipulación de cadáveres "con el riesgo para su salud derivado de ello".

Los empleados carecían de equipos de protección individual ni de medios adecuados para la preparación y manipulación de cadáveres; ni para estar en contacto con los compuestos químicos de alta toxicidad que utilizaban, de modo que pudiesen desempeñar su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, según relata la magistrada. La situación para estos empleados era desesperante y a partir de 2012 las condiciones en que realizaban su trabajo "se hizo prácticamente insostenible, degradándose día a día por incumplimiento por parte de Mérida de las obligaciones preventivas específicas y por la intensidad de riesgos existentes para la salud de dichos trabajadores que desarrollaban su trabajo en condiciones penosas, insalubres e indignas con una ausencia absoluta de seguridad e higiene para su salud".

Los cinco trabajadores, según la juez, padecieron "una situación laboral inhumana yendo incluso a trabajar, a sabiendas de lo perjudicial que era para su salud e integridad física y psíquica". Además, el procesado les culpaba de las condiciones en que desarrollaban su trabajo achacándoles desidia o no utilización de los medios de los que afirmaba disponían. Ante las quejas de los empleados, su jefe les decía frases como "que no había dinero para que los cadáveres fuesen incinerados por una empresa externa" o que, ante las condiciones "nocivas para la salud y denigrantes" que soportaban diariamente dijera "que no podía adquirir los medios que le solicitaban porque eran muy caros". También lanzó ante las quejas de los técnicos expresiones como "que se fueran" y realizó además manifestaciones "intimidatorias" en reiteradas ocasiones y desde su posición de fuerza, diciéndoles "que si no se hacían las cosas como él decía, ya podían ir buscando otro trabajo".

La magistrada entiende que la actitud de José Ramón Mérida era de ataque "directo y mantenido" en el tiempo, apto para producir una "grave degradación de su dignidad como trabajadores, sin valorar el trabajo que realizaban en condiciones de seguridad y salud inaceptables que desembocaron en enfermedades, generando además en dichos trabajadores una situación de miedo que les impedía no sólo negarse a realizar los trabajos que les encomendaba, sino también quejarse, ante el temor de represalias que podían sufrir, provocándoles crisis de ansiedad".

Los cinco técnicos que trabajaron en este departamento padecieron enfermedades derivadas de una exposición prolongada a agentes tóxicos en el medio laboral, y de las pésimas condiciones higiénico laborales a las que estuvieron expuestos. En el caso de una de ellas, detalla que sufrió neumonía que requirió hospitalización durante tres meses; carcinoma en mama derecha y agravación de forma importante del trastorno ansioso-depresivo; derivados de la exposición laboral crónica durante muchos años a dosis de formol "muy por encima de las admitidas". Respecto de otra empleada, la magistrada dice que aunque solo estuvo trabajando durante veinte días, sufrió un agravamiento de su patología broncorrespiratoria, e incluso de su psicopatología (trastorno ansioso-depresivo, con crisis de ansiedad ocasionales). De otro técnico apunta que sufrió múltiples cuadros de catarros de vías altas, faringitis y algún episodio de gastroenteritis; esguinces de repetición; alopecia, candidiasis; lumbalgias y episodios de migrañas.

Si esta sala de los horrores que describe la juez no fuesen suficientes se comprobó que no existían protocolos ni procedimiento de trabajo alguno; los equipos de trabajo que tenían que utilizar el horno crematorio carecían de libro de instrucciones, de manual de funcionamiento, y de requisitos de seguridad; situación que era conocida, consentida e impuesta por José Ramón Mérida, Este renunció a su puesto cuando saltó la polémica por la acumulación de restos cadavéricos. Además, la Universidad Complutense procedió a reformar el centro de donación para garantizar que no se volvieran a repetir este tipo de irregularidades.