El Sónar se celebrará con normalidad al avalar el juez la sustitución de trabajadores en huelga

El festival Sónar, que arranca el jueves, podrá seguir sus preparativos pese a la huelga de los montadores de estructuras aéreas y escenarios, los llamados riggers. El juzgado social 27 de Barcelona ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por estos trabajadores, que demandaron a Fira de Barcelona al considerar que se vulneraba su derecho a la huelga con la contratación de dos empresas para montar el festival y sortear la protesta. El juez no ve razones suficientes para parar el montaje, pero insta a las partes a encontrar una solución legal "que permita celebrar el festival sin atacar el derecho de huelga". "Ejercer el derecho a la huelga de unos cuantos no puede poner en peligro la viabilidad de los puestos de trabajo de muchos otros", concluye el juez.

En su resolución, el juez considera que "no concurre la imprescindible apariencia de buen derecho que justifique la adopción de una medida prohibitiva de contratación con terceros a cargo de la codemandada Fira de Barcelona". Es decir, el juzgado no prohibirá el montaje por parte de las empresas a las que acudió Fira cuando los trabajadores de la UTE Rigging se declararon en huelga. Estos demandaron a Fira porque consideraron que se estaba vulnerando un derecho fundamental, pero el juez no considera que sea suficiente para imponer estas medidas cautelares.

Pese a reconocer el derecho a la huelga de los trabajadores, el juez considera que impedir la celebración del festival "significaría admitir un uso desproporcionado en el ejercicio de este derecho fundamental, generador de perjuicios irreparables y muy elevados" que afectarían a los demás técnicos y agentes implicados que trabajan en el Sónar y que no están en huelga. "Y, sin duda, afectaría a la cuenta de resultados", añade.

Con la resolución, el festival podrá celebrarse y los trabajadores en huelga se quedan sin medida de presión para su protesta. Los riggers, que trabajan para la empresa UTE Rigging, cuya concesión en el servicio termina ahora, reclaman que Fira de Barcelona garantice sus puestos de trabajo y sus condiciones en la nueva licitación. En los pliegos de la nueva licitación, la institución, gobernada por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la Cámara de Comercio, no informa de las condiciones de trabajo ni obliga a la subrogación de los empleados antiguos. Fuentes de Fira explican que la ley no obliga a ello, y que hacerlo podría conllevar problemas legales para la concurrencia de nuevas empresas en el concurso.