Avalmadrid avaló al padre de Díaz Ayuso pese a saber que la garantía era una nave muy difícil de vender
Los tasadores advirtieron al ente semipúblico ante la petición de la compañía
![Juan José Mateo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F1228d29c-d423-4ecf-9105-891d7df471c3.jpg?auth=14375061413b532409017eb7f95b809eefda00aea8a00c97eb448c5d0cf243ab&width=100&height=100&smart=true)
![Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/MPF4HC4ULVF7T3BHALUTY53MH4.jpg?auth=3e6e352c1a47a5166f83ac45a83e10ab9779f37a3b6714c2c1fd4e7efaaf1adb&width=414)
Avalmadrid concedió en 2011 un aval de 400.000 euros a una empresa participada por el padre de Isabel Díaz Ayuso sabiendo que el bien ofrecido como garantía en caso de impago era una nave cuya venta sería difícil. Así lo refleja el informe de tasación incluido en el expediente interno del ente semipúblico, al que accedió EL PAÍS. En aquella época, Díaz Ayuso no tenía ninguna responsabilidad ejecutiva en el PP o el gobierno regional, aunque ya era una figura ascendente en la formación conservadora. Ahora negocia para ser investida presidenta de la Comunidad con los votos del PP, Cs y Vox.
“El mercado inmobiliario presenta un futuro incierto provocado por los altos precios de adquisición en tiempos pasados, los cambios fiscales de las viviendas, la desconfianza en el futuro, la reducida bolsa de demanda potencial y el endurecimiento de las condiciones crediticias, lo que plantea unas expectativas de venta muy bajas, con tiempos de comercialización muy largos que obligan a bajar los precios hasta unos valores acordes a esta situación”, se lee en el informe sobre la propiedad de la familia en un polígono industrial de Sotillo de Adrada, un pueblo de Ávila. “Se consideran dificultades de venta debido a la situación actual del mercado inmobiliario”.
Para conceder el aval, los técnicos de Avalmadrid habían pedido a la compañía peticionaria que la nave fuera tasada como poco en 200.000 euros. El inmueble superó ese listón por los pelos: valía 213.596, según la tasación, que alertaba de que la construcción incumplía la normativa urbanística y que podía ser destruida sin que el propietario recibiera contraprestación —“Esta tipología de nave industrial es muy frecuente en el polígono, y no se conoce ningún caso de derribo por este motivo”, matizaba el tasador —.
Pese a todas esas advertencias, la operación obtuvo el visto bueno de Avalmadrid, un ente semipúblico particpado por la Comunidad de Madrid. Siete meses después, el progenitor de la hoy candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid donó sus dos viviendas a sus hijos, por lo que los bienes quedaron fuera del alcance de posibles acreedores.
Cuando había pasado poco más de un año desde la aprobación del aval por Avalmadrid comenzaron los problemas para pagar las cuotas. Y la nave no encontró comprador.
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