Nueve estudiantes condenados hasta a un año de cárcel por las protestas contra la subida de tasas universitarias

Nueve estudiantes, que afrontaban una petición de la Fiscalía de cuatro años de cárcel, han aceptado este jueves una condena de entre seis meses y un año de prisión por los desórdenes públicos que causaron en una protesta contra las tasas universitarias ocurrida en mayo de 2017 en Barcelona.

En la sección séptima de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado hoy el juicio contra nueve manifestantes del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), aunque la vista se ha limitado a que las partes ratificaran ante la sala un pacto de conformidad, por el que los acusados han aceptado la rebaja de condenas planteada por la Fiscalía. Esta reducción comporta, en la práctica, que los nueve investigados no tengan que ingresar en prisión si, en un período de dos años, no vuelven a delinquir.

Los hechos se remontan al 11 de mayo de 2017 durante una concentración convocada por el SEPC en la plaza Universitat de Barcelona, donde se reunieron unas 800 personas para reclamar la rebaja del 30% de las tasas universitarias, la gratuidad progresiva de las mismas y la equiparación de precios de Máster y Grado.

Cuando los manifestantes llegaron ante la sede de la Secretaria d'Universitats, situada en Vía Laietana número 2, los jóvenes lanzaron botes de humo y bengalas contra los policías que habían creado un cordón de seguridad para proteger el edificio.

Los allí presentes se sentaron en el suelo enfrente de los agentes y los acusados enarbolaron mástiles de las banderas que llevaban contra la línea policial. Por ello, la Fiscalía pedía cuatro años de cárcel para cada uno de los investigados, además de una multa que oscilaba entre los 240 y los

360 euros.

Cuatro de los nueve acusados han reconocido ser autores de un delito de desórdenes públicos, por lo que han aceptado la condena del ministerio público, que la ha reducido a seis meses de prisión.

Los demás procesados han asumido la pena de un año de cárcel como autores de los delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad, aunque cuatro de ellos tendrán que pagar una multa de 180 euros por un delito leve de lesiones.

Desde primera hora de la mañana, un centenar de jóvenes han secundado la convocatoria de la plataforma "La Pública a Juicio" y se han concentrado ante las puertas de la Audiencia Provincial para apoyar a los encausados.

Entre los concentrados figuraba la dirigente de la CUP en Barcelona Anna Saliente, quien ha asegurado que esta causa "se sitúa en el contexto de vulneración de derechos y de extrema represión de los derechos sociales y democráticos por parte del Estado".

La portavoz de la plataforma "La Pública a Juicio", Berta Negre, ha afirmado por su parte que este juicio forma parte de la "maquinaria represiva" de la Generalitat "para evadir responsabilidades políticas" con el "objetivo de desmovilizar movimientos sociales, como es el movimiento

estudiantil".

Una vez formalizado el pacto de conformación entre las partes, la portavoz ha lamentado que "éste era el único mecanismo" que tenían para evitar que los encausados entraran en la cárcel, aunque ha "asumido" la "contradicción" de "aceptar el acuerdo".