Contra la inseguridad en Barcelona, ¿un policía en cada esquina?

400, 1.000, 1.500… Los candidatos a la alcaldía de Barcelona saben que la inseguridad es un problema que sale muy caro en las urnas. Y todos ellos proponen un remedio troncal: más policías. Agentes que saturen el espacio público patrullando, deteniendo y previniendo. El PP y Manuel Valls son los que disparan más alto: 1.500 guardias urbanos más durante su mandato; Jaume Colloboni (PSC) creará 1.000; Ada Colau (BComú) y Elsa Artadi (JxCat) lo limitan a 400, y ERC no da cifra concreta, aunque también plantea un incremento de policías locales. Todos ellos, además, coinciden en pedir más mossos a la Generalitat.

Que hacen falta más agentes parece indiscutible. Barcelona tiene una ratio de 3,3 policías por 1.000 habitantes (2.400 mossos y 3.000 guardias urbanos). Una cifra cercana a la media europea (3,6), pero por debajo de la catalana (4,4) y la española (5,1). Si se tiene en cuenta la presión turística sobre la capital —30 millones de personas, entre los que pernoctan y los que pasan el día— la ratio se desploma. “Pero la policía no es nunca una solución global”, se quejan fuentes policiales, que admiten que Barcelona necesita más agentes pero critican que se plantee como la respuesta mágica a la inseguridad.

Los turistas son las principales víctimas del delito estrella en la ciudad: el robo, en sus múltiples formas. La policía elabora listas de los ladrones más activos, pero un cambio jurisprudencial de junio de 2017 —cuando las estadísticas criminales empiezan a desbocarse— impide aplicar la reincidencia en delitos leves como el hurto y castigarlos con penas de prisión. “Si una persona que hurta de manera reiterada no entra en prisión, es igual que lo detengas muchas veces”, critican sobre la reincidencia que machaca a una ciudad donde el 60% de los delitos son hurtos. Si los ladrones no entran en la cárcel, con más policías aumentarán las detenciones sin que necesariamente bajen los delitos.

Los datos de criminalidad del primer cuatrimestre de 2019 confirman esa tesis. Los Mossos han lanzado planes para contener la delincuencia. Las detenciones han aumentado un 18%, pero los delitos siguen creciendo, a un ritmo del 12% hasta abril. Lo más preocupante son los robos con violencia, que se disparan un 30%. “Antes disuadía a los ladrones saber que con cuatro hurtos podían entrar en prisión y se marchaban a otros países”, insisten fuentes policiales. Solo Colau se ha hecho eco del problema legal en la campaña, y pide una fiscalía especializada en hurtos y robos.

Tampoco creen esas fuentes que más policías sean útiles si no tienen directrices claras, estables y “ajustadas a derecho”. “No puede ser que en el top manta tengamos órdenes distintas en función del momento”, lamentan sobre el viraje de los políticos en función de las presiones que reciben. O que se requieran o no desalojos según el morador de la finca ocupada.

Para aprovechar los recursos, es fundamental que los policías se coordinen: de nada sirve tener 5.400 agentes en la ciudad si no trabajan juntos, apoyándose y repartiéndose los problemas. Sobre el papel, los partidos parecen tenerlo claro. El PSC propone una “estrategia integral” en la lucha contra el narcotráfico, con todos los policías y judicatura implicados; ERC, una unidad de investigación transversal para luchar contra los narcopisos y la idea de “mancomunar servicios a nivel metropolitano”; Valls apoya la creación de una “policía metropolitana única”.

En la práctica, el día a día enzarza a los políticos en la batalla competencial. Colau acusó hace dos semanas al Departamento de Interior de tener abandonada Barcelona. La alcaldesa reprochó diversas actuaciones en las que, supuestamente, los Mossos no se coordinaron con los urbanos. Ambos cuerpos se han pasado como una pelota la responsabilidad sobre el top manta, convertido en un dilema para Colau (¿perseguir o ayudar?) y en una queja permanente de los comerciantes.

Abordar el ‘top manta’

Todos los alcaldables proponen cómo abordar el fenómeno, presente en todas las grandes ciudades europeas. Desde la legalización que propone la CUP a la pirotécnica promesa de Valls de acabar con el top manta en 90 días. “¿Cómo?”, preguntan fuentes policiales, conscientes de que una mayor presión policial solo garantiza su desplazamiento a otros lugares. Valls propone devolver a sus países a los que estén en situación irregular, luchar contra las mafias y evitar el efecto llamada.

Los candidatos tampoco desperdician las polémicas de Colau para impulsar su propia campaña. Proponen, por ejemplo, reforzar los antidisturbios de la Guardia Urbana (USP), que la alcaldesa diluyó. Y añaden sellos propios: Artadi creará una concejalía de Seguridad, ahora inexistente, y formará equipos de delincuencia urbana; ERC quiere convertir la USP en unidades de “intervención rápida” o crear un código ético; el PP anuncia una “brigada de paracaidistas” para situaciones de emergencia. La CUP, a diferencia del resto, pide eliminar la USP, suprimir la ordenanza de civismo y ejercer un mayor control y castigo a los agentes que cometan actos de “violencia institucional”.