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El PP se querella contra el presidente de la CVMC y la directora de À punt

Enrique Soriano y Empar Marco están citados a declarar el 20 de junio por presuntos contratos irregulares

Enrique Soriano y Empar Marco, cuando se presentó la imagen de À punt.
Enrique Soriano y Empar Marco, cuando se presentó la imagen de À punt. MÓNICA TORRES

El presidente del consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, Enrique Soriano, y la directora general de À punt, Empar Marco, declararán el día 20 de junio por la querella presentada por el PP por un presunto delito de prevaricación por unos supuestos contratos irregulares.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 1 de Paterna los ha citado a las 10.00 horas después de admitir a trámite la querella presentada por el grupo parlamentario popular por la presunta contratación irregular en À punt de la empresa de un exconcejal del PSPV-PSOE.

En el auto, el titular del juzgado explica que admite la querella "pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delito de prevaricación" y da un plazo de 15 días al ente autonómico para remitir los expedientes de varios contratos.

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En concreto, le solicita el contrato de fecha 28 de junio de 2017 con la empresa Mediterráneo Media Enterteinment para la producción de la serie La Tramuntana.

El juzgado ha reclamado a la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación y a la Sociedad Anónima de medios de Comunicación de la Comunitat Valenciana los relativos a la contratación de tres altos directivos, y otros contratos menores suscritos entre 2017 y 2018 con una decena de personas.

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Según explicó el diputado del PP Jorge Bellver cuando la querella fue admitida a trámite, su denuncia iba enfocada, entre otros contratos, a la adjudicación a una empresa de un exconcejal socialista del Ayuntamiento de Benifaió, por un montante de 1,3 millones y que se presentó como contrato menor, con lo que no requiere aval.

Además, se refiere a contratos menores de servicios, entre ellos, contratar a personal por un importe de 5.995 euros, "a sabiendas" de que a partir de 6.000 euros se requiere pedir tres ofertas, según Bellver.

Un portavoz de la radiotelevisión valenciana ha señalado que no hay "nada que decir". "El PP ha hecho lo que consideraba y el juzgado tomará las decisiones que corresponda", ha comentado.

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