Investigan por obras en suelo rústico a un candidato de Ciudadanos

El Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés investiga si el candidato de Ciudadanos a la alcaldía, Jesús Díaz Raboso, cometió irregularidades urbanísticas en una finca de su propiedad. El expediente, emitido el 29 de marzo, sostiene que Díaz Raboso habría construido presuntamente dos edificaciones en suelo de uso rústico, algo que prohíbe la ley. Ciudadanos sostiene que la documentación está en regla y que la finca ya estaba edificada hace una década, cuando la adquirió en propiedad su candidato, que hasta marzo fue concejal de Medio Ambiente con el PP en esta localidad de 7.500 habitantes.

Fue el propio Díaz Raboso quien solicitó la certificación municipal para acreditar que la finca no tenía incoado ningún expediente sancionador, un paso previo para demostrar que no pesa ninguna infracción sobre la propiedad a la hora de escriturar. Lo hizo el mismo día que presentó su renuncia al acta de concejal. Fuentes municipales han explicado a EL PAÍS que el Ayuntamiento ya emitió en 2006 una resolución favorable para acreditar que no existía ninguna reclamación contra la parcela, con una superficie de 16.001 metros cuadrados según la referencia catastral.

La nueva petición llevó a los técnicos municipales a realizar una planimetría para determinar las circunstancias actuales de la finca. Fue entonces cuando advirtieron que ha sufrido varias modificaciones en los últimos años. Concretamente, observaron que se han levantado dos nuevas edificaciones, “una con techumbre verde y otra con tejas”, que no estaban en la exploración de 2011 y que sí lo aparecen en la de 2017. El terreno cuenta además con otros dos inmuebles y una piscina, construidas previamente. “También se han talado una decena de árboles, aunque no podemos determinar a qué especie pertenecen”, ha insistido un portavoz municipal.

“Documentación en regla”

El expediente incoado contra Díaz Raboso afirma que “la actual cartografía catastral no registra varias de las construcciones ejecutadas en la parcela ni tampoco existe constancia en el archivo municipal”. Y continúa. “A la vista de lo expuesto, existen evidencias de que se hayan podido realizar actos de construcción sin la correspondiente autorización urbanística emitida por la autoridad competente”. Díaz Raboso ha declinado hacer declaraciones a este periódico. Una portavoz de Ciudadanos ha explicado que, cuando adquirió la finca en propiedad, ya estaba edificada, por lo que “paga el correspondiente Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde hace 10 años”.

La portavoz del partido por el que Díaz Raboso se presenta a las elecciones municipales del 26 de mayo ha insistido en que su candidato tiene toda la documentación en regla y que no consta ninguna denuncia sobre irregularidades en la finca. Y concluye: “El Ayuntamiento ha actualizado los datos (las medidas reales de las edificaciones), ya que constaban más metros de los que realmente tiene y pagaba más IBI del que le corresponde”. Fuentes municipales han desmentido esta información. El expediente da al antiguo concejal un plazo de dos meses para que regularice las nuevas edificaciones. Para hacerlo, el propietario de la finca deberá aportar un visado colegial con el proyecto de obra ante el Ayuntamiento, que solo puede emitir un inform no vinculante ante la Comunidad de Madrid, autoridad competente. En caso de no hacerlo, Díaz Raboso se enfrenta a graves sanciones administrativas e incluso a la demolición de los inmuebles.