La inspección ha localizado más de 80.000 casas ilegales en cuatro años

La Junta de Andalucía ha identificado en los últimos cuatro años 80.422 viviendas edificadas en suelo no urbanizable, 22.196 de ellas en suelo de especial protección, y ha contabilizado 44 demoliciones, según informó ayer el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas. Son datos de la inspección realizada en las comarcas más problemáticas, porque en global, la Junta estima que existen no menos de 300.000 casas edificadas en suelo no urbanizable en el conjunto de la comunidad.

Durante un debate en el Parlamento sobre el decreto que regula edificaciones en suelo no urbanizable y el Plan de Inspección Urbanística 2009-2012, Planas señaló que que casi un 80% de estas viviendas irregulares detectadas se levantan en suelo no urbanizable común, por lo que podrían ser susceptibles de legalización si sus propietarios cumplen los requisitos exigidos en el decreto en vigor desde febrero. La norma excluye de cualquier posibilidad de legalización a las casas construidas en suelo con especial protección, un 20% de los casos contabilizados hasta ahora.

Planas aseguró que los datos demuestran que la función inspectora en la Junta de Andalucía “es una actividad consolidada”, al haber identificado estas más de 80.000 ilegalidades en 142 municipios. En estos años, la Junta ha aplicado planes especiales de inspección en las zonas con más problemática de construcción en suelo rústico: Valle del Almanzora (Almería); La Janda, (Cádiz); sur de Córdoba: centro de Granada, la sierra onubense de Aracena, el norte de Jaén, la Axarquía malagueña y el Bajo Guadalquivir, en Sevilla.

De estas inspecciones se han derivado 2.517 denuncias, de las que el 36,2% han sido de oficio, y también se han impugnado 1.264 licencias y actuaciones con 77,46% de sentencias dictadas favorables a la Junta de Andalucía.

Igualmente se han incoado 19 expedientes sancionadores y se han ejecutado 44 demoliciones.

La diputada popular Alicia Martínez recordó que el Defensor del Pueblo ya alertó en 2002 de la existencia de un millar de urbanizaciones ilegales en Andalucía y ha denunciado la “inseguridad jurídica” que padecen cientos de miles de propietarios, así como “la grave afección al medio ambiente” que han causado estas viviendas ilegales. Criticó la “deficiente” planificación urbanística que acumula la Junta de Andalucía en los últimos años y consideró que el decreto sobre viviendas irregulares “ha llegado tardísimo”.

“Las 300.000 viviendas ilegales que había en Andalucía al inicio del Plan de inspección siguen ahí”,, se quejó la portavoz del PP.

El diputado de IU y exalcalde de Puente Genil (Córdoba), Manuel Baena, recordó las “presiones” sufridas en los últimos años por muchos ayuntamientos andaluces por parte de vecinos asentados en parcelaciones ilegales y ha alertado de la falta de medios con la que han tenido que afrontar este problema.