Entre la impunidad y la venganza

La exconsejera y ahora candidata de la Crida per Catalunya, Laura Borràs, ha situado en su punto la cuestión que se dirime en estas elecciones. “Quien busca problemas los encuentra”. Se refería a la virulenta acogida dispensada por un grupo de independentistas a los estudiantes de Societat Civil Catalana en la Universidad Autonòma de Barcelona el 9 de abril. Hay territorios donde el independentismo manda y no permite que nadie intente hollarlos sin permiso, como han podido comprobar candidatos de Ciudadanos, del PP e incluso socialistas.

La condena de la violencia y la coacción, cuando la hay, cosa que no siempre sucede, suele ser formal, para que no se diga. La dura y amarga verdad la ha enunciado Borràs, aunque tenga el inconveniente de que es reversible como un calcetín. Cayetana Álvarez de Toledo o Inés Arrimadas esgrimen un argumento semejante dirigido a los políticos presos —han buscado problemas y vaya si los han encontrado—, aunque fundamentan su cruel consideración en legalidad y no la mera coacción sobre un territorio controlado por los CDR.

No es un problema de independencia sino de convivencia, como repite Pedro Sánchez. Y más: de convivencia democrática. Una parte de la sociedad catalana no quiere convivir con el resto de la sociedad española y está dispuesta a expulsar de su comunidad nacional a los catalanes que no se sienten identificados con ella. La reacción de una parte importante de la sociedad española ante esta actitud excluyente ha sido igualmente excluyente en dirección contraria: quien no se adhiera a su renacida idea de comunidad nacional homogénea deberá conformarse con la exclusión y con el pataleo.

La democracia se ha quedado sin sus dos guardabarreras más importantes que son la tolerancia y la contención, conceptos que Steven Levinski y Daniel Ziblatt explican en Cómo mueren las democracias (Ariel). Estos politólogos consideran que no basta un buen sistema constitucional, sino que son imprescindibles reglas no escritas, que obligan, primero, a reconocer al adversario como un sujeto respetable y digno, y luego, a contenerse en el uso de los instrumentos del poder, sobre todo cuando se dispone de ellos desde el gobierno.

Entre los gobiernos de Madrid y Barcelona se han cargado las guardabarreras. No hay reconocimiento del otro, como demuestra la frase de Borràs; y no hay contención democrática, como han demostrado los partidos de gobierno, en Madrid y en Barcelona —aunque con especial regodeo los de Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra— en el uso y abuso de las instituciones. En el caso de Puigdemont, hasta el punto de intentar un cambio de régimen desde las instituciones, primero con la insumisión parlamentaria al Tribunal Constitucional, luego con un referéndum ilegal y finalmente con una proclamación de la república afortunadamente inconsecuente.

Sin guardabarreras, que ya habían saltado antes de los hechos de octubre, las instituciones constitucionales quedan a la intemperie, disponibles para el asalto. Quienes lo han intentado reivindican su derecho a perpetrarlo. Más en nombre de la autodeterminación de los pueblos que de la democracia derivada del derecho a decidir, por cuanto no contaban ni siquiera con la mayoría social asimilable al resultado positivo en un referéndum. Con esta idea reclaman la impunidad ante la ley y la inocencia de los políticos presos ante el Supremo: no puede ser delito intentar la liberación nacional del país al que se pertenece. Este argumento genera el contrario: todo el peso de la ley, sin piedad alguna, debe caer sobre quienes quieren destruir el sistema constitucional.

Lo extraño no es que una división de tal calibre, reflejo de una quiebra profunda de la convivencia, produzca una distinta percepción en el conjunto de España, donde un 64% de ciudadanos rechaza el indulto a los políticos presos, mientras que dentro de Cataluña lo rechaza un 33%. Lo extraño es que alguien se extrañe tras siete años de persistentes políticas divisivas que han impregnado la vida catalana hasta límites inimaginables hace bien poco, desde los conceptos políticos (ese unionismo de tan reciente invención) hasta los símbolos )las estelades, los lazos amarillos), pasando por la machacona instrumentalización de los medios de comunicación públicos.

Entre la impunidad y la venganza está la justicia. Y después de la justicia, la posibilidad de los indultos, momento en que la política deberá recuperar el protagonismo que Rajoy cedió casi por entero a los jueces. No quieren hablar de indultos ni los que quieren impunidad ni los que quieren venganza. En campaña electoral lo tienen prohibido unos y otros. Para recuperar la convivencia democrática, es decir, las guardabarreras del sistema constitucional y con ellas el sistema constitucional entero, hay que regresar a la tolerancia y a la contención. Que quien busque problemas encuentre un debate respetuoso y unos argumentos para llegar a resolverlos en vez de más problemas de orden coactivo aplaudidos por los energúmenos que quieren destruir toda convivencia y desposeernos de toda democracia. El indulto será entonces el primer signo del regreso al reconocimiento mutuo y a la autolimitación que todos debemos imponernos.