La Fiscalía pide expulsar al Ayuntamiento de Barcelona de la causa por las cargas del 1-O

La Fiscalía quiere que el Ayuntamiento de Barcelona deje de ejercer la acusación popular en la causa abierta por un juzgado de Barcelona sobre las cargas policiales del 1 de octubre. El fiscal del caso se ha adherido a la petición de la Abogacía del Estado y solicita que el consistorio dirigido por Ada Colau sea excluido de la instrucción, ya que no fue "ofendido" ni "perjudicado" por los hechos.

El titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, investiga la actuación policial en decenas de colegios e institutos que, durante el referéndum, fueron utilizados como centros de votación. Casi una treintena de mandos y agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) tienen la condición de investigados por delitos de lesiones y contra la integridad moral.

La causa judicial consta de 28 piezas separadas -una por cada colegio electoral donde se aprecian indicios de delito- y fue impulsada, en primera instancia, por ciudadanos que fueron víctimas de los presuntos excesos policiales. El Ayuntamiento de Barcelona, con el impulso del teniente de alcalde Jaume Asens, pidió ejercer la acusación popular en la instrucción. Y el magistrado Miralles lo permitió por la "protección, preservación y promoción de los valores simbólicos, el prestigio y la buena reputación asociados" al nombre de Barcelona.

La Abogacía del Estado pidió la expulsión del Ayuntamiento como acusación popular y ahora la Fiscalía se ha adherido, parcialmente, a esa petición. El ministerio público considera que la Carta Municipal de Barcelona "no legitima la intervención" del consistorio en la instrucción sobre las cargas policiales, sino solo cuando está en juego "la defensa jurídica de la Corporación". En este caso, razona el fiscal, "no resulta pertinente" pues "ningún derecho o garantía propios del Ayuntamiento de Barcelona se halla en liza".

"No existe ningún precepto legal que habilite al Ayuntamiento" a sostener la acción popular, añade el escrito de la Fiscalía, en un procedimiento "en el que no es ni ofendido ni perjudicado por los hechos denunciados". El texto recuerda que la Fiscalía ya ejerce la defensa de los intereses públicos bajo el principio de "legalidad e imparcialidad".

El Ayuntamiento de Barcelona ya ha respondido para defender su posición. En un escrito remitido al magistrado Miralles, afirma que el sujeto perjudicado por las cargas del 1-O es "el cuerpo social como colectivo del conjunto de los españoles interesados en la convivencia cívica". Los hechos tuvieron una "gran trascendencia social", recuerda el consistorio, y una "grave afectación a la convivencia ciudadana", según el escrito.