Lección de democracia

El pasado miércoles, al recibir el Premio Paz y Libertad que concede la Asociación Mundial de Juristas, el Rey dio una lección de democracia a todos pero, muy especialmente, a los independentistas catalanes en general y a bastantes de los que se sientan en el banquillo de la sala segunda del Tribunal Supremo en particular.

En todo caso, sea cual sea el veredicto, las noticias que nos llegan, en directo y por televisión, indican que bastantes de los procesados ignoran, o fingen ignorar, los principios básicos de un Estado democrático de derecho. Les vendrá bien, pues, leer la lección regia.

En efecto, el Rey ha demostrado una vez más —como ya se comprobó el 3 de octubre de 2017 y, hace unas semanas, en su Mensaje de Fin de Año— que tiene muy claro lo que es un Estado democrático de derecho, su absoluto compromiso con la defensa de la Constitución y cuáles son las obligaciones y los límites de su papel institucional. Además, siempre lo explica de forma sencilla, precisa y directa.

Pongamos el ejemplo del núcleo central del discurso del miércoles. Así se expresó el Rey: “La defensa de la democracia” tiene que ser “al mismo tiempo, la defensa del Estado de Derecho”. Y añadió: “Sin democracia, el derecho no sería legítimo, pero sin derecho la democracia no sería real ni efectiva (…) pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia”. Para concluir diciendo que “no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima de la ley”, en alusión indirecta a Torra, que unos días antes había dicho lo contrario, tal y como después veremos.

Estas palabras de Felipe VI recogen la mejor y más antigua tradición democrática ilustrada. En efecto, Montesquieu había escrito que “la libertad es el derecho a hacer todo lo que las leyes permitan”. Ello sigue siendo democráticamente válido pero a Montesquieu le faltaba legitimar la ley en la voluntad de los ciudadanos, decir que la ley no es lo que manda el rey sino lo que manda el pueblo. Este paso lo dio Rousseau: “La libertad es la obediencia a la ley que uno mismo se ha prescrito”. En otras palabras: sólo son democráticamente legítimas aquellas leyes en cuya elaboración y aprobación han participado, directa o indirectamente, los ciudadanos.

Para concluir, comentemos porque viene al caso un célebre párrafo de Kant: “Nadie puede imponer a otro una obligación jurídica sin someterse él mismo a la ley y poder ser también obligado”. Es decir, todos los poderes, incluso los que aprueban las leyes, están sometidos a las mismas y sus titulares —sean los diputados, el presidente y sus ministros, los jueces y magistrados, los funcionarios o el jefe del Estado— tienen el deber de cumplirlas.

Con ello se cierra el círculo, resumamos el recorrido del mismo. Primero, en su origen las personas son libres, absolutamente libres, de eso hay que partir; segundo, sólo la ley, con el único fin de proteger el ejercicio de la igual libertad de las demás personas, puede poner límites a esa libertad original de cada uno; tercero, en la aprobación de esta ley deben participar aquellos a quienes se les debe aplicar, en otro caso no es una ley legítima y no hay obligación de obedecerla; cuarto, todos están sometidos a las leyes, incluso aquellos que las elaboran y aprueban, es decir, incluso las más altas autoridades de un Estado.

Estos son los principios elementales de todo Estado democrático que muestran cómo derecho y democracia, ley y participación popular (o voluntad del pueblo, si se quiere), están estrechamente ligadas, son hoy inescindibles, no pueden existir la una sin la otra. Cuando Quim Torra dijo a Carlos Alsina por Onda Cero “antepongo la democracia a cualquier ley” y añadió “la democracia es lo primero” estaba demostrando que desconocía los rudimentos más esenciales de lo que es hoy un Estado democrático de derecho. Es peligroso que un personaje así nos gobierne; sin enterarse puede cometer las mayores tropelías.

El Rey, sin desbordar sus funciones, es más, cumpliendo con responsabilidad las mismas, ha dado su lección de democracia al serle entregado el Premio Paz y Libertad que concede la Asociación Mundial de Juristas. Que la lea y la medite Torra y todos los que piensan como Torra, incluidos muchos de los que están en el banquillo.

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional y fundador de Ciudadanos.