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Condenado a cinco años de cárcel el funcionario de Vigo por el contrato a la cuñada de Carmela Silva

La Audiencia considera que cometió una prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y falsedad documental

Francisco Javier Gutierrez Orue
El funcionario condenado, en primer término, durante el juicio.

La sección quinta de la Audiencia de Pontevedra ha condenado a cinco años y tres meses de cárcel al funcionario jefe de área del Ayuntamiento de Vigo, Francisco Javier Gutiérrez Orue, por promover la adjudicación irregular de varios contratos a la concesionaria municipal Imesapi para pagarle un salario a una cuñada de Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra. El tribunal, que ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, considera acreditado la comisión de un delito continuado prevaricación, así como malversación de caudales públicos y falsedad documental por parte del funcionario al que además condena a nueve años de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público.

La sentencia también condena al entonces gerente de la concesionaria municipal Imesapi, Ramón Comesaña, a un año y medio de cárcel e inhabilitación absoluta por dos años y medio, y también le aplica las atenuantes de dilaciones indebidas y de colaboración con la justicia. El fallo rebaja las condenas que solicitaba el fiscal a ambos acusados que tendrán que indemnizar al Ayuntamiento de Vigo con 108.147 euros más intereses por los contratos adjudicados a Vanesa Falque.

La Audiencia dice que "la contratación fue una mera simulación o ficción, organizada por el señor Gutiérrez con la participación del señor Comesaña" y considera probado que en 2008 el funcionario y el gerente de la empresa concesionaria se pusieron de acuerdo para beneficiar económicamente a la cuñada de Carmela Silva, cuando esta era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo.

Para ello, relata el fallo, el funcionario, conocedor de que existía liquidez en la Concejalía de Participación Ciudadana (de la que era jefe de área), de que no se le pondrían "trabas", y tras la decisión política de encargar la realización de varias encuestas de calidad, propuso a la empresa Imesapi como adjudicataria de nueve contratos menores, por un total de 108.147 euros.

Para realizar las encuestas (entre 2008 y 2013), ambos acusados acordaron que la concesionaria contrataría a Vanesa Falque, de tal forma que las facturas que el Ayuntamiento pagaba a la empresa por esos trabajos servirían para abonarle el salario a esta familiar de Silva. A ese respecto, el propio gerente reconoció en fase de instrucción y en el juicio que había contratado a esa trabajadora por indicación del Ayuntamiento y no porque necesitara más personal, según informa Europa Press.

La Audiencia concluye en su resolución que esas encuestas no fueron realizadas por Vanesa Falque, ni por trabajadores de Imesapi o del Ayuntamiento. "A pesar de ello, Imesapi cobró un total de 108.147,22 euros, que fueron sufragados por dinero de las arcas municipales", señala el tribunal. En la sentencia se hace referencia a que la contratación de esa trabajadora fue "más que irregular y no tenía más finalidad que beneficiar exclusivamente a la elegida", que "tiene una estrecha relación familiar con una persona que tenía una importante responsabilidad política en el Ayuntamiento de Vigo", en alusión a Silva.

"Llama la atención que ninguno de los acusados pudiera decir por qué se recurrió a esa persona", en referencia a Vanesa Falque, dice la Audiencia, que también ha puesto de manifiesto en la sentencia el hecho de que en los correos electrónicos intercambiados entre el funcionario y el gerente, hay "cuando menos, un particular interés por Vanesa", que “es la única persona a la que se nombra". Esta operativa era "una simple pantalla para encubrir" un situación irregular, según la resolución judicial, quien ha reiterado que "nadie" sabe quién elaboró las encuestas, y la propia Vanesa Falque reconoció en el juicio "que no estaba capacitada para ello", añade el fallo.

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