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El supuesto enchufe de una familiar de Carmela Silva irá a juicio en enero

La fiscalía pide ocho años de cárcel para un funcionario y siete para el gerente de la concesionaria municipal que la contrató

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Camela Silva, con el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Camela Silva, con el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

El funcionario del Ayuntamiento de Vigo Francisco Javier Gutiérrez Orue, y el que fue gerente de la concesionaria municipal Imesapi, Ramón Comesaña, serán juzgados por el tribunal de la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra con sede en Vigo por contratar de forma irregular, entre 2008 a 2013, a Vanesa Falque, cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva. La vista se celebrará el 22 y 23 de enero y el fiscal solicita para el funcionario ocho años de prisión y siete para el exgerente de la concesionaria que supuestamente amañó del contrato bajo sospecha por la comisión de supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsificación de documentos públicos.

El caso llega a juicio tras una denuncia de la plataforma ciudadana Xuntos por Galicia (que se escindió de Podemos para convertirse en Xuntos Actúa) y después de que en junio de 2016 la juez instructora retirara la imputación contra Falque, el edil socialista Santos Héctor y otros responsables de la concesionaria municipal al haber prescrito el delito de tráfico de influencias que investigaba. El fiscal considera que el acusado Francisco Gutiérrez, funcionario jefe del departamento de Participación Ciudadana, "ideó un plan" para dar trabajo a Vanesa Faque, "mujer muy afín a un miembro del gobierno local", en referencia a Carmela Silva, teniente de alcalde de Vigo antes de acceder a la presidencia de la Diputación.

Sostiene en su escrito de acusación que este funcionario requirió a Imesapi para que la emplease a pesar de que esta empresa (concesionaria de los servicios de atención y conserjería en los centros cívicos municipales) no necesitaba a más personal. Expone también el fiscal que para que Imesapi pagase el salario a Falque, "ambos acusados idearon un plan" por el que la empresa facturaba al Ayuntamiento diversas cantidades a través del "uso fraudulento" del procedimiento de contratos menores, para la realización de unas encuestas de calidad. Según la Fiscalía, esas encuestas fueron realizadas, aunque no por la empresa, pese a lo cual Imesapi elaboró las facturas de forma "mendaz" y las cobró.

La acusación pública considera, por estos hechos, que Francisco Javier Gutiérrez incurrió en los delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil. Por el primero de ellos, pide que sea condenado a 10 años de inhabilitación; por el segundo, reclama una pena de cinco años de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta; y por la falsedad documental, pide la condena de tres años de prisión y multa de 10.800 euros.

Además, entiende que Ramón Comesaña fue cooperador necesario en los delitos de malversación y falsedad y pide que sea condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta durante 20 por el delito de malversación; y tres años de prisión y 10.800 euros de multa por el delito de falsedad documental. También reclama que ambos acusados indemnicen al Ayuntamiento en 108.147,22 euros por el coste de las encuestas facturadas.

La acusación popular de la organización Xuntos por Galicia acusa al funcionario y al gerente de la concesionaria de los mismos delitos que la Fiscalía, aunque pide penas más severas. Así, reclama para Francisco Gutiérrez 15 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por un delito continuado de malversación, y cinco años de cárcel y otros cinco de inhabilitación y multa de 18.000 euros por un delito de falsedad. Para Comesaña, solicita la pena de ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por un delito continuado de malversación; y cinco años de cárcel, otros cinco de inhabilitación y multa de 30.000 euros por un delito de falsedad documental.

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