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El enchufe de una cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, a juicio

La fiscal pide ocho años de prisión para un funcionario por la contratación de la familiar de la socialista Carmela Silva

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Camela Silva, con el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Camela Silva, con el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

El funcionario de Vigo Francisco Javier Gutiérrez Orúe, jefe de servicio municipal de Emprego, será juzgado por presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en el supuesto enchufe de una cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo, la socialista Carmela Silva. La familiar de Silva fue contratada durante cinco años en una concesionaria municipal sin que conste que fuera a trabajar.

En su escrito de acusación, la fiscal Eva Calvete solicita para Gutiérrez Orúe una condena de ocho años de cárcel, además de otra derivada de inhabilitación por un período de tres décadas para el desempeño de empleo o cargo público. Cuando se produjeron los hechos investigados, el funcionario era jefe del Servicio de Participación y Atención Ciudadana y Carmela Silva ya formaba parte del gobierno local.

En el auto de apertura de juicio dictado por la titular del juzgado número 7 de Vigo, Carmen García Campos, que instruye otras causas contra el gobierno local, también se procesa a Ramón Comesaña, gerente de Imesapi, la empresa concesionaria municipal encargada de la gestión de los centros cívicos de la ciudad. Para él, la fiscal pide siete años de prisión por los delitos de malversación y falsedad documental.

Comesaña, según la fiscalía, actuó como cooperador necesario en la contratación de Vanesa Falque, la cuñada de Silva, en la citada concesionaria municipal entre 2008 y 2013. Las imputaciones contra Falque como beneficiaria del contrato y por un presunto tráfico de influencias fueron archivadas el pasado año por prescripción de los delitos investigados.

Sin embargo, la fiscal solicita que Vanesa Falque declare como testigo en el juicio, que aún no tiene fecha, además del concejal de Participación Ciudadana, el socialista Santos Héctor, y un apoderado de la firma Imesapi que fueron investigados inicialmente en esta misma causa pero quedaron al margen como imputados al decretar la jueza el sobreseimiento parcial de lo instruido.

La fiscal Eva Calvete cree que Francisco Javier Gutiérrez, en su condición de jefe del Servicio de Participación Ciudadana, actuó “con la intención fraudulenta” de que el Ayuntamiento de Vigo le diera un empleo a la cuñada de Carmela Silva, “con flagrante vulneración de la legalidad”. Todo ello, subraya el ministerio público, a pesar de que la empresa no necesitaba más personal y sin que Imesapi fuera directamente su empleador. Según consta en el sumario, el Ayuntamiento aprobó contratos menores consistentes en la elaboración de unas encuestas de calidad de los servicios municipales, que no consta que haya realizado Vanesa Falque y por las que pagó más de 108.000 euros.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha eludido "comentar" la apertura de juicio oral contra el funcionario por el supuesto enchufe a la cuñada de su primera teniente de alcalde. Silva, por su parte, ha arremetido este miércoles contra el PP por sus críticas tras la decisión de la juez. La presidenta de la Diputación de Pontevedra ha advertido a la portavoz popular en la corporación de Vigo, la exconselleira de Facenda Elena Muñoz, "que tenga mucho cuidadito con lo que dice" y la acusado de "formar parte de un partido que no es un partido, es una asociación para delinquir", informa Europa Press.

La causa judicial por el presunto enchufe de la familiar de Silva es el resultado de la segunda de las cuatro denuncias que interpuso contra el Ayuntamiento la plataforma Xuntos por Galicia –corriente interna de Podemos-. La última, ya admitida a trámite, también va dirigida contra Gutiérrez Orúe y el concejal Ángel Rivas por la supuesta acumulación de funciones del primero como jefe del servicio municipal de Participación Ciudadana y del departamento de Desenvolvemento e Emprego para percibir 7.000 euros anuales más de salario. Un acuerdo sobre el que Ángel Rivas informó favorablemente.

En el caso sobre el que se acaba de abrir juicio oral, la acusación particular ejercida por la plataforma eleva a 28 años de prisión la petición de condena para el funcionario y 13 para el empleado de Imesapi. El juzgado los ha citado para que comparezcan la próxima semana para notificarles formalmente la apertura de juicio y los cargos que ha presentado contra ellos la fiscalía.