Juicio a 11 acusados de contrabando de teléfonos móviles desde Lugo

En la sección segunda de la Audiencia de Lugo arranca este martes el juicio contra once acusados de un presunto fraude en la compra masiva de teléfonos móviles al por mayor, para conseguir precios bajos, terminales que luego manipulaban para venderlos en España y exportarlos a otros países. El fiscal solicita condenas de hasta once años y medio de prisión por delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, mientras las multas podrían superar los 400.000 euros.

Según el relato del fiscal, los acusados J.M.D.V., P.C.M. y M.C.A. se pusieron de acuerdo a principios del año 2005 con la finalidad de obtener importantes ingresos ilícitos derivados de la comercialización masiva de teléfonos móviles, y para ello constituyeron hasta seis sociedades instrumentales. La actividad del negocio consistió desde el principio en adquirir ilícitamente packs de teléfonos con tarjetas activas a distintas operadoras de telefonía móvil que estas ofrecían a bajo coste o con ofertas especiales a particulares.

Aunque la venta por parte de las operadoras se hacía con la condición contractual de no disociar la tarjeta del terminal ni desbloquear o neutralizar el sistema que permite liberar el teléfono, los acusados incumplieron todos estos requisitos. Tampoco respetaron otra de las clausulas del contrato que imponía a los compradores la prohibición expresa de comercializar los terminales y mucho menos exportarlos.

El Ministerio Público en su escrito de acusación apunta a dos de los acusados, JM.D.V.y P.C.M., como los encargados de hacer acopio de los terminales a través de una red de agentes a comisión que se encargaban de adquirir los modelos de oferta en grandes centros comerciales de toda España que luego almacenaban en Lugo, donde estaba el centro de operaciones.

La estafa descrita por el fiscal consistía en separar los terminales de sus tarjetas de telefonía. Luego estas últimas se distribuían y vendían en el mercado español a terceras personas sin factura y sin declarar ningún ingreso, tanto en el impuesto de renta (IRPF) como en el de sociedades, para acabar luego exportando desde Vigo los terminales, eludiendo todos los controles aduaneros a través de un presunto cómplice.

Las compras en los grandes centros comerciales se realizan abonando su importe en caja, sin reflejar en las facturas remitidas posteriormente el importe de las bonificaciones o descuentos. “Esta forma de operar motivó que en algunas empresas de la trama se tuviera que justificar el volumen de compras mediante facturación falsa con el fin de lograr cuadrarlas con el importe de ventas”, incide el fiscal en su escrito de acusación.

Los teléfonos adquiridos se enviaban a un almacén de la calle Chantada de Lugo, sede de la sociedad matriz, donde supuestamente se manipulaban los teléfonos móviles. Desde allí se distribuían y se vendían las tarjetas a terceras personas sin factura y sin declarar estos ingresos en los Impuestos de Renta y Sociedades, mientras los terminales se vendían en territorio nacional o se exportaban. “Los pagos se realizaban en efectivo o mediante ingresos en cuenta por importes inferiores a 3000 euros para evitar que fueran detectados”, concluye el Ministerio Fiscal.