El recurso de Puigdemont reaviva la tensión interna del bloque independentista
Esquerra y Junts per Catalunya difieren sobre si ambas partes conocían la voluntad del expresidente
Hay heridas que nunca curan. O que, bajo la aparente limpieza de la cicatriz, esconden aún más complicaciones, listas para supurar en cualquier momento. Es el caso de la que hay entre Junts per Catalunya y Esquerra, que ayer se reabrió a raíz de la petición del expresident Carles Puigdemont al Tribunal Constitucional de que anule un acuerdo de la Mesa del Parlament (pactado entre ambas fuerzas) para que su voto en el pleno sea efectivo. La llista del president dice que ERC estaba al tanto del recurso, algo que niegan los republicanos.
Más allá de los desacuerdos históricos entre convergentes y republicanos, el desencuentro entre ambas formaciones esta legislatura comenzó hace casi un año. El 30 de enero de 2018, el presidente del Parlament Roger Torrent (ERC) aplazó la sesión en la que supuestamente se tenía que investir de nuevo a Puigdemont como presidente de la Generalitat. Junts per Catalunya y el propio expresidentno les perdonan a los republicanos que no se atrevieran a desafiar al Tribunal Constitucional e investir al candidato que lograba aglutinar la mayoría del voto independentista.
Esquerra hacía entonces gala del cambio de rumbo en su estrategia independentista y abogaba por un “Govern efectivo” en el que no cabía un president ausente. La herida no ha dejado de sangrar desde entonces. Junts per Catalunya aún batalla por investir a Puigdemont algún día y, de hecho, ya ha comenzado a tramitarse en el Parlament una reforma del reglamento para permitir que sea escogido telemáticamente.
Un recurso polémico que abre otra vía
El recurso de Puigdemont sorprende, entre otras cosas, porque se presenta ante el Tribunal Constitucional, órgano denostado por el expresident. Más allá de esa circunstancia y de la polémica con Esquerra, fuentes judiciales subrayan que es un recurso “técnicamente impecable” que “abre una nueva vía” para que Puigdemont reclame sus derechos políticos. Esas fuentes explican que se trata de un recurso de amparo contra un acto parlamentario —y no contra los miembros de la Mesa— y que debe ventilarlo el Constitucional. Esquerra lamenta que Puigdemont se haya dirigido contra la Mesa cuando ya recurrió, ante el mismo Constitucional, la decisión del juez Pablo Llarena de suspenderle como diputado. Las fuentes judiciales consultadas admiten que la decisión puede ser políticamente “controvertida”, pero matizan que, en lo jurídico, “abre una nueva vía” para Puigdemont. De modo que la necesidad o no de plantear el recurso es “interpretable”. Lo que sí señalan es que, si el expresident quiere acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, antes debe “agotar la vía nacional”.
Desde entonces, Junts per Catalunya ha presentado mociones y resoluciones en la Cámara cuyo contenido coquetea con la ilegalidad para intentar así presionar a Esquerra, que consideran que no cumplió su compromiso de investir al diputado huido de la justicia española en Bélgica.
En el verano pasado, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decretó la suspensión como diputados de los políticos procesados por un delito de rebelión (Puigdemont; Josep Rull; Jordi Turull y Jordi Sànchez, por Junts per Catalunya, y Oriol Junqueras; Raül Romeva y Toni Comín, por Esquerra). La falta de acuerdo sobre cómo aplicar esta orden judicial llegó a paralizar la actividad de la Cámara justo antes del descanso estival.
En otoño, ambas formaciones pactaron una fórmula para suspender a los diputados sin afectar las mayorías. Fue aprobada por la Mesa antes de pasar por el Pleno. Tenía dos puntos: el primero, en que el Parlament votaba en contra de la suspensión pedida por Llarena. El segundo establecía que los afectados delegaban su voto en otros diputados para que fuera efectivo.
Los de Puigdemont, sin embargo, se saltaron la segunda parte del acuerdo, argumentando que no era necesario volver a delegar el voto pues ya se había hecho cuando el expresident estaba en Alemania. Por tanto, sus votos ahora no computan. Los dos de ERC, sí. Los republicanos, por primera vez, alzaron la voz —tímidamente— contra sus socios. Con todo, el independentismo perdió la mayoría en el Parlament. Las dos formaciones se conjuraron para mantener la unidad hasta la sentencia del juicio.
Todos los diputados afectados por la decisión de Llarena presentaron un recurso ante el Constitucional. De ahí que la decisión de la defensa de Puigdemont de presentar un nuevo amparo, esta vez impugnando un acto de la Mesa del Parlament, cayera como un jarrón de agua fría en los republicanos. Fuentes de ERC dicen que creen que no era necesario ese extremo para poder acudir a la instancia europea, que es lo que alega Junts per Catalunya.
Públicamente, Esquerra dice que respeta la estrategia judicial de Puigdemont. Pero no sin enfado. “Si el presidente Puigdemont considera que un recurso ante el Tribunal Constitucional español contra un acuerdo de la Mesa del Parlament es la mejor opción para defender sus derechos respetamos su decisión”, dijo ayer la portavoz de ERC Marta Vilalta.
Comentario “de pasillo”
Fuentes de Junts per Catalunya insisten en que “a principios de enero” se le comunicó a Torrent “en un encuentro en su despacho” la intención de Puigdemont de presentar un nuevo recurso. Desde ERC, en cambio, alegan que solo hubo un comentario “de pasillo” en el que se informó de una “mención técnica” al acuerdo de la Mesa.
Desde las filas republicanas, que prefieren no meterse con lo que Puigdemont simboliza y menos a las puertas del juicio a los líderes del procés, defienden el acuerdo de sustitución de los diputados. “ERC hizo lo que tenía que hacer, preservar la joya de la corona y la mayoría independentista en la mesa del Parlament, que era lo prioritario”, dijo ayer el diputado Joan Tardà.
Pese al choque en el Parlament, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, intentó desvincular la crisis del día a día del Ejecutivo catalán. Y recordó que la situación de los políticos en prisión preventiva es diferente de la de los que están “exiliados”. “Sus herramientas jurídicas son distintas”, dijo. Desde Ciudadanos, el diputado Carlos Carrizosa considera “casi ridículo" que Puigdemont “vaya llorando” al TC.
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