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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Los invisibles del trastero

La decisión de algunos juzgados de Barcelona de ordenar desahucios sin fijar fecha y hora impide que se organice la solidaridad con los afectados y les condena a la invisibilidad

Milagros Pérez Oliva
Roda de prensa esta semana de la plataforma Prou Desnonaments Oberts.
Roda de prensa esta semana de la plataforma Prou Desnonaments Oberts. Albert Garcia

Si estás pensando en vivir en un trastero, te recomendamos que cambies de idea. Los inconvenientes son innumerables y su uso está claramente definido por la legislación vigente”. Es decir, no se puede. Con esta amigable recomendación concluye el escrito que figura en la página web de la empresa Gobalbox de alquiler de espacios de almacenamiento. Ellos saben muy bien de qué están hablando. En una sociedad en la que la maquinaria de los desahucios trabaja a todo gas, la deriva que va de perder el empleo a perder la casa puede terminar, con suerte, en un trastero. Hay gente que vive en un trastero. Y gente que está pensando en alquilar uno como solución de emergencia a una situación límite. Vivir en un trastero puede ser una medida temporal, pero también la antesala de vivir en la calle.Muchos de los sin techo pensaron, la primera noche que durmieron en la calle, que sería algo temporal. “A lo sumo una semana”, repetía un hombre que había perdido casa y familia a causa del alcohol cuando uno de los voluntarios de Arrels se acercó a él.

¿Cuánta gente vive en estos momentos en un trastero? No lo sabemos. Pero hace unos días hemos conocido el perfil de una de esas personas que entran sigilosas y cierran la puerta rápidamente para que no se descubra que vive en un guardamuebles. Rosario Planas es una mujer de Valencia de 66 años que acabó viviendo en un trastero con su hijo discapacitado. Cuidaba ancianos y ganaba suficiente para ir tirando pero se rompió el tobillo y se quedó sin trabajo. Con los 380 euros que cobraba su hijo por discapacidad y los 366 que percibía ella por cuidarlo podía pagar los 370 euros de alquiler del piso en el que vivían, pero solo le quedaban 50 euros para comer. Justo lo que costaba alquilar un trastero de cinco metros cuadrados. Esos son los datos de la economía de los excluidos.

En Barcelona se producen más de 4.000 desahucios cada año. El 84% de ellos por impago del alquiler. Hay más de 30.000 personas en la lista de espera del Ayuntamiento para una vivienda social. El goteo de lanzamientos judiciales no cesa, en una imagen que se mimetiza con el paisaje social de la ciudad como algo tan cotidiano como inevitable. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) trata de luchar contra la idea de fatalidad, como si los lanzamientos fueran las réplicas imprevisibles de un seísmo inevitable. Cada vez que el desahucio afecta a una persona enferma, anciana, con menores a su cargo y sin disponer de un lugar alternativo en el que vivir, actúan para impedirlo. Con ello los activista de la PAH persiguen un doble objetivo: tejer una malla de solidaridad que permita preservar en lo posible la autoestima de los afectados y, tan importante como lo anterior, hacer visible una realidad que incomoda a los poderes públicos.

Ahora se encuentran con que la misma administración de Justicia maniobra para devolverlos a la invisibilidad. Desde hace unos meses algunos juzgados de Barcelona dictan la orden de desalojo sin fijar una fecha y una hora para el lanzamiento. Son los llamados deshaucios abiertos. Sin fecha y hora, es imposible organizar la solidaridad. Se acabó la resistencia. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero la justicia es la primera que ha de cumplir la ley. Los activistas de la PAH y del movimiento vecinal consideran que los desalojos abiertos no solo vulneran la actual normativa sino también privan a los afectados del derecho a una tutela judicial efectiva.

¿Qué gana la administración de justicia impidiendo que afloren las disfunciones de un sistema económico y político incapaz de garantizar el derecho a la vivienda? Los juzgados que han ideado esta maniobra no son conscientes, seguramente, de las muchas implicaciones que tiene. Con la fría ejecución de una justicia ciega e insensible, el sistema puede perder su último banderín de enganche. Los agraviados, los que sufren los rigores del último peldaño social, se sienten expulsados, ignorados. No se consideran tratados como ciudadanos de pleno derecho.

Si los poderes públicos les ignoran y tratan de sepultarlos bajo una losa de invisibilidad, si tratan de arrebatarles lo único que tienen, que es la solidaridad de los demás, ¿qué incentivos les queda para creer en el sistema político? Si las vías convencionales de protesta no sirven para hacer prosperar su causa, puede que cada vez más excluidos lleguen a la conclusión de que solo alterando el fundamento del sistema, que es el orden, este reaccionará. ¿Cuanto de eso hay en la explosión de los chalecos amarillos en Francia?

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