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OPINIÓN i

España es una democracia plena, y ¿Cataluña?

Cataluña debe aceptar que forma parte de un Estado, España, que es democrático, lo que no impide que necesite de cambios políticos e institucionales a los que puede contribuir a través de los cauces previstos

Manifestación por la liberación de los líderes independentistas en 2017.
Manifestación por la liberación de los líderes independentistas en 2017.

Acaba de hacerse público el Democracy Index de 2018, elaborado por The Economist Intelligence Unit. Este índice que se publica desde 2006 pretende ser una foto de la situación mundial de la democracia. Para ello se utilizan cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, derechos y libertades fundamentales, funcionamiento de las instituciones, participación política y cultura política. Algunas de las conclusiones sobre la salud de la democracia no son nada halagüeñas, aunque, si se analizan separadamente, se han producido mejoras respecto de algunas categorías, especialmente, respecto de la participación política de la ciudadana en sentido amplio, más allá del ejercicio del derecho al voto. Dicho rápidamente, la gente ha salido a la calle en 2018 en mayor número que en años anteriores. Una de las causas para este aumento de la categoría “participación política” ha sido la eclosión del movimiento feminista, visibilizado especialmente a través del #metoo en Estados Unidos.

España, de nuevo, se sitúa entre las 20 democracias plenas identificadas por el Índice democrático, esto es, entre el 12% de países que cumplen con los estándares necesarios para ello. El resto de Estados son democracias defectuosas (entre ellos, Eslovenia, Italia, Francia o Bélgica), regímenes híbridos (Turquía) y regímenes autoritarios (como Rusia o Venezuela). Eso sí, en un contexto, el de las democracias de la Europa occidental, en el que el deterioro de la democracia es continuado, siendo la categoría más castigada la de derechos y libertades fundamentales. De hecho, el desarrollo de las redes sociales y sus innumerables posibilidades de uso, están provocando una reacción excesivamente restrictiva de los estados en relación con la libertad de expresión e información. En cualquier caso, la peor parte se la llevan los partidos políticos que pierden cada vez mayor confianza como agentes de intermediación democrática.

Siendo esta la situación, no parece que el eslogan de los soberanistas de “España no es una democracia” y otras frases hechas del tipo “España es un estado opresor” puedan sostenerse por mucho más tiempo. España tiene algunos problemas serios respecto de sus niveles democráticos que deben ser atacados y, en la medida de lo posible, resueltos. Entre ellos, como he tenido oportunidad de explicar en estas mismas páginas, las restricciones excesivas de determinadas formas de ejercicio de la libertad de expresión e, incluso, de información. La desconfianza y la desafección políticas son, como revelan los datos, cuestiones globales que están generando respuestas políticas y populares de distinta índole, siendo elementos comunes fuertemente identitarios.

La unilateralidad, en todo caso, casa muy mal con los indicadores democráticos, porque implica desatender los marcos jurídicos de convivencia y la voz de las minorías, en el caso de Cataluña incluso de mayorías. Así las cosas, cuando el president Torra y algunos dirigentes o exdirigentes soberanistas reclaman gestos del Gobierno de Sánchez para apoyar los presupuestos, se hace difícil entender cuáles son los gestos a los que se refieren que no atenten contra la propia concepción democrática del estado de Derecho. Así, desde el Gobierno no cabe dar instrucciones a la Fiscalía, ni tampoco influir (ni intentarlo) en las decisiones judiciales. Por tanto, es en el terreno político en el que deben producirse aquellos gestos. Es el momento de que los gestos vengan de las instituciones de la Generalitat, incluyendo el hecho de que comiencen a funcionar normalmente y dejen de estar al servicio únicamente de la causa independentista.

Porque, lo que no puede obviar el Govern de Torra es que, a todas luces, las actuaciones político-jurídicas del otoño de 2017 atentaron directamente contra el marco constitucional español que nos ampara a todos. Cuando una parte decide romper la baraja, lo mínimo que puede hacer es asumir las consecuencias de dicha decisión. En caso contrario, estaríamos ante sujetos que no asumen las consecuencias de sus propios actos, esto es, de sujetos irresponsables.

La desconfianza que ha provocado la unilateralidad de las instituciones de Cataluña en parte de su ciudadanía, en las instituciones del Estado y el resto de instituciones de nuestro entorno tardará mucho tiempo en superarse. La credibilidad de Cataluña como entidad política se ha visto clara y profundamente perjudicada. Así las cosas, lo más sensato es asumir el error en la táctica y poner los pies en la tierra, catalana a ser posible —la belga nos sale muy cara—, y dejar de pedir imposibles. Cataluña debe aceptar que forma parte de un Estado, España, que es democrático, lo que no impide que necesite de cambios políticos e institucionales a los que puede, incluso debe, contribuir a través de los cauces previstos. Eso es la democracia.

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