¿Otra vez primavera?

En la segunda mitad de los años ochenta, Leoluca Orlando —por primera vez alcalde de la capital siciliana, procedente de la corriente de izquierdas de la Democracia Cristiana— fue el protagonista de la llamada “Primavera de Palermo”. Un experimento político que, comprometiendo partidos y movimientos sociales laicos y católicos, puso la legalidad y la lucha en contra de la mafia en el centro de la acción del Ayuntamiento. Fue breve: en 1989, cuando se disponía a hacer entrar en la mayoría de gobierno del consistorio al PCI (el PCI de Pio La Torre, asesinado por la Mafia en 1982), fue defenestrado por su propio partido, a pesar de que hubiera ganado una vez más con holgura las elecciones. Historias antiguas, casi olvidadas.

La semana pasada, el alcalde “eterno” de Palermo volvió al centro de la escena política. Considera que si su administración aplicara la nueva ley de Seguridad (conocida con el nombre de Ley Salvini), estaría incumpliendo la Constitución. El alcalde se refiere al artículo 13, según el cual los ayuntamientos ya no podrán inscribir en el padrón a los migrantes con papeles de residencia por refugio, eliminando la posibilidad de acceder a ocupaciones regulares y a todo tipo de servicio, desde la sanidad a la escuela. Se ha calculado ya que si la norma se aplicara, de un día para otro habría 120.000 personas condenadas a una existencia clandestina y miserable desde el punto de vista de los derechos humanos.

Algunos alcaldes de ciudades importantes (entre ellas Nápoles y Florencia) han decidido apoyar a Orlando, mientras otros —incluso del Movimiento Cinco Estrellas, que votó en su día la ley en el Parlamento—, sin llegar tan lejos en el gesto reivindicativo del alcalde de Palermo, han manifestado toda su contrariedad a los principios y la letra de la norma. Entre aquellos que han manifestado toda su perplejidad con respecto a la nueva ley está también la alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, que ya antes de la aprobación de la ley presentó en el pleno del ayuntamiento de la capital una moción crítica. La disconformidad de los administradores locales produjo una reacción descompuesta en la mayoría de gobierno Lega-5S: Salvini lanzaba anatemas contra los alcaldes en las redes sociales, pero el primer ministro Conte anunciaba una reunión con la asociación de municipios (ANCI), para recoger inquietudes y razones de los alcaldes. Mientras tanto, dos presidentes de regiones —Toscana y Piamonte, ambos del PD—, han empezado los trámites para recurrir la ley al Tribunal Constitucional, y probablemente también lo harán los del Lazio y de Umbria.

A falta de saber cómo acabará este contencioso, se desprenden dos consideraciones que parecen ir más allá del caso estrictamente italiano. La primera es el hecho de que, una vez más, sobre el tema más candente política y culturalmente de estos tiempos convulsos —en Italia pero en el conjunto de la Unión Europea— como es la migración, los vectores más vivos en términos de capacidad de pensar una forma de ciudadanía racional y respetuosa con los derechos humanos, son los municipios. Incluso en un país donde la involución avanza a marchas forzadas, los únicos que han sabido plantear alternativas son quienes se confrontan cotidianamente con la política de verdad, la que se ocupa en primera instancia de las personas, es decir, los municipios. Esto será fundamental de cara a las elecciones europeas, aún más en España, donde las dos elecciones coinciden el mismo día.

La segunda tiene que ver con la capacidad de los sistemas políticos europeos de garantizar procedimientos y valores democráticos. La tramitación de la ley Salvini se concluyó de una manera bochornosa, con una reducción sustancial de los espacios de debate y de enmienda. El gesto de Orlando y de los alcaldes ha sido un revulsivo, y puede ser el comienzo de la batalla política que las fuerzas progresistas italianas hasta ahora no han sido capaces de dar. Sobre todo, la iniciativa de los alcaldes parece haber sabido encontrar —gracias a la colaboración de las regiones, capacitadas para plantear recursos de inconstitucionalidad— cauces que pueden permitir la victoria sobre la vergüenza salviniana amparándose en los contrapesos democráticos ofrecidos por la Constitución Italiana.

Se puede y se debe acumular fuerza política para negociar sobre los decretos de actuación de la ley que suspendan los efectos del artículo 13. Se puede y se debe llegar hasta el final en el recurso de inconstitucionalidad. En el futuro, se podría plantear la abrogación de la norma vía referéndum popular. Sería el comienzo de una nueva primavera. Italiana, ciertamente, pero también europea.

Paola Lo Cascio es historiadora y politóloga.