Las ciudades, más poderosas que nunca
Los problemas de las grandres urbes -cambio climático, contaminación, vivienda o migraciones- se asemejan cada vez más Ha surgido una diplomacia municipal que busca acuerdos, pero también incidir en aspectos clave de la política global
Sus competencias son limitadas frente al poder que ejercen los Estados o las regiones (Comunidades Autónomas en España). Sin embargo, las ciudades, con sus políticas locales, sus relaciones diplomáticas, sus alianzas y sus estrategias están consiguiendo marcar la agenda global así como generar cambios que los gobiernos nacionales necesitarían décadas de negociaciones para alcanzar. Un ejemplo: los problemas de contaminación generados por los vehículos diésel. “Con una normativa tan humilde como una ordenanza de movilidad, dos ciudades, Madrid y París, para sorpresa de propios y ajenos, pueden cambiar el mercado de los vehículos diesel”, dice el coordinador general de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, Luis Cueto. Un logro político conseguido gracias a la diplomacia municipal.
Además de la contaminación, la lucha contra el cambio climático, el turismo, la vivienda, la cultura o las migraciones son asuntos con gran impacto en las urbes, que en el año 2050 concentrarán al 70% de la población mundial, según la ONU. Ante esa perspectiva de gestionar la vida de más ciudadanos, los alcaldes y alcaldesas reclaman más capacidad de acción y de decisión: “Las ciudades reclaman un nuevo espacio para convertirse en actores transnacionales”, dice el politólogo Pablo Simón, que acaba de publicar el libro El príncipe moderno.
Piden más poder y capacidad de acción. “A diferencia de Estados Unidos o Reino Unido, en España, las ciudades tienen pocas atribuciones”, continúa Simón. “Por ejemplo, el problema de Madrid es que es como un DF [ciudad estado], pero sin serlo porque los marcos estatales y autonómicos no solo no lo facilitan sino que lo dificultan”, agrega el politólogo, que defiende que se debería “redimensionar la influencia de las ciudades”.
Esa falta de cesión de poder no ha parado a los gobiernos locales: “Poco a poco, las ciudades han ido creando equipos de paradiplomacia muy profesionalizados, que hablan idiomas, que han estudiado sobre los temas que tratan”, explica Agustí Fernández de Losada, director del programa Ciudades Globales, del think tank Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). Las alianzas y el hermanamiento entre ciudades no es algo nuevo. El Movimiento Municipal Internacional se creó en 1903, mucho antes que Naciones Unidas. Su heredero, el Consejo Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), con sede en Barcelona, cuenta con 250.000 miembros, frente a los casi 200 estados de la ONU. “Antes del siglo XIX, cuando los estados nación cobraron importancia, en el XVIII los gobiernos locales tenían una capacidad de decisión importante para gobernar a sus ciudadanos”, indica Emilia Saiz, secretaria general de CGLU. “Ahora estamos volviendo a reconocer que la gobernanza o las leyes que nos rigen tienen que tener en cuenta las realidades locales”, continúa Saiz.
En Europa, a finales de los ochenta y principios de los noventa, las autoridades locales se empiezan a organizar cuando descubren que pueden acceder a los Fondos Estructurales y de Cohesión de la Unión Europea y que parte de la legislación aprobada les afecta directamente, explica Fernández de Losada del CIDOB. A nivel global, las ciudades reclaman poder desde mediados de la primera década del siglo XXI. “Cuando se empieza a ver que temas que impactan a nivel global, como el cambio climático, las catástrofes naturales, la resiliencia o las migraciones, son muy difíciles de gestionar sin la ciudades, se les comienza a abrir la puerta”, señala el experto en ciudades de CIDOB.
Estrategias comunes
Así, por ejemplo, las urbes empezaron a incidir en la política internacional con las negociaciones de la Agenda 2030, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Si hace dos décadas, el empoderamiento de las urbes cobró fuerza; ahora, desarrollan estrategias comunes.
A finales de noviembre, el Ayuntamiento de Madrid firmó un acuerdo con GovLab para que esta organización, dirigida por Beth Noveck, asesora de Obama en participación ciudadana, abriese su primera sede europea en la capital. “La clave de hacer que nuestras ciudades sean más inteligentes [smarter cities] no es solo el uso del big data y la tecnología sino también de tener en cuenta el capital humano de las mismas: los ciudadanos”, dice Noveck, que aunque reconoce las particularidades locales de cada urbe, incide en la idea de que los retos a los que se enfrentan -y las posibles soluciones- se asemejan: “Desde la gestión del espacio urbano, la participación, pasando por la contaminación o los problemas de tráfico”.
“Las redes de ciudades están presionando mucho”, asegura Cueto. Para el coordinador de la Alcaldía de Madrid, participar en estas organizaciones permite a la ciudad “fortalecer su visión del mundo, que seamos partícipes, colaborar y ser protagonistas”, dice. También, “atraer inversiones y generar prestigio”. “La urbes tienen cada vez mejores alianzas y más capacidad de incidir”, confirma Fernández de Losada.
Así, Madrid lidera la Unión de Capitales Iberoamericanas (UCI). También participa en alianzas como C40, impulsada por París, con Anne Hidalgo a la cabeza, e ideada para luchar contra el cambio climático y mejorar la movilidad; o en la red que busca cómo regular el mercado inmobiliario en la que, además de la capital, participan Barcelona, Londres, París, Ámsterdam y Berlín. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, presentó esta última alianza el pasado julio en Nueva York, mediante una declaración política. Por su parte, Ámsterdam lidera un movimiento de nueve ciudades para regular plataformas de alquileres como Airbnb y que presentó en la Comisión Europea.
La alcaldesa Carmena participó en diciembre en la conferencia de la ONU en Marrakech (Marruecos) para adoptar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. “Con la migración, en todos los continentes, las ciudades han puesto un espejo frente a los Estados: la inmigración no es una cuestión de cifras, son vecinos que tenemos y hay que cuidarlos”, dicen los alcaldes a los gobiernos, según la secretaria general de CGLU, Emilia Saiz. “La voz de alarma en asuntos clave las están dando las ciudades, y también, están intentando dar soluciones”. Sin embargo, como lamenta Cueto, “les faltan competencias”. Cueto añora el poder legislativo que tienen autoridades locales como Berlín.
Mientras, “buscan la interlocución directa con organismos como la ONU, para tratar de defender sus posturas, que son muchas, pero con éxito relativo”, recuerda Fernández de Losada. “Nos encontramos con grandes limitaciones porque este sistema multilateral no reconoce a los gobiernos locales como esfera de gobierno -ante la ONU, se nos considera sociedad civil-. Nuestra reivindicación es que tienen que cambiar las cosas: tendrían que darnos un lugar en la mesa de decisión”, afirma Saiz. “No decimos que tengamos que estar en todos los lados, pero sí hay asuntos donde no solo es importante que se conozca nuestra opinión, sino que debemos estar también en la definición de la solución”.
Madrid, París y Bruselas contra la Comisión Europea
Las alcaldías de Madrid, París y Bruselas se apuntaron un éxito a nivel europeo el mes pasado: la presión y unión de las tres capitales consiguió cambiar el criterio de la Comisión Europea con respecto a las emisiones de los coches fieles. La CE defendía unos límites más laxos (aprobados en 2016), algo intolerable para las ciudades, que tendrían que lidiar con las consecuencias producidas por los contaminantes. Las tres acudieron a la justicia europea.
La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, publicada en diciembre de 2018, ha dado la razón a las ciudades y ha anulado parcialmente los límites marcados por la CE. El dictamen no solo concluye que los umbrales eran “demasiado elevados” (es decir, que permitían a los vehículos diésel expulsar demasiadas partículas a la atmósfera) y que la Comisión no tenía las competencias para varias esos límites. La Comisión, que puede recurrir el fallo, tiene un año para modificar la norma.
La Comisión Europea trató de paralizar la demanda municipal pues consideraba que los Ayuntamientos no podían recurrir un reglamento europeo. Según el Tribunal, sí que pueden. “Reconoce que los ayuntamientos tenemos legitimación para establecer el límite de emisiones en las ciudades”, dijo la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, al conocerse el fallo. Para Anne Hidalgo, alcaldesa de París, la decisión fue no solo “una victoria histórica” para el medioambiente y los consumidores sino también para “la democracia europea".
