Un juez investiga si el alcalde de Vigo oculta información primordial al grupo municipal del PP

Un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno socialista de Vigo y el grupo municipal del PP ha derivado a los juzgados. La querella que hace un mes presentó el principal partido de la oposición, y que ha trascendido ahora, pretende poner contra las cuerdas al alcalde Abel Caballeroal que la portavoz popular Elena Muñoz acusa de ocultar información primordial de forma sistemática.

Por lo pronto, el juez ha abierto una investigación por un supuesto delito de vulneración de derechos fundamentales y ha citado a declarar como testigo al secretario municipal el 26 de febrero. Según la querella que ha sido admitida a trámite al apreciarse indicios de delito, en este segundo mandato de Abel Caballero al frente del Gobierno local se habrían producido una treintena de supuestos incumplimientos ante la negativa de este a facilitar la información requerida por la oposición.

La propia Elena Muñoz ha informado sobre la denuncia presentada el 27 de noviembre contra el alcalde “ante las filtraciones que se han producido”, aunque ha matizado que su intención era llevar el proceso "con la máxima discreción". “No es la vía que queríamos haber tomado, ya que confiamos en el funcionamiento democrático de las instituciones, pero este es el único camino que nos ha dejado el alcalde ante las trabas que el Gobierno municipal ha puesto a la oposición para acceder a los datos”, lamentó Muñoz.

El motivo del enfrentamiento que se ventilará en los tribunales es la información sobre asuntos políticamente polémicos entre Gobierno local y oposición como los resultados de los análisis de agua de la traída, el expediente de O Marisquiño, la prórroga de la concesión a Aqualia o las obras del estadio de Balaídos, entre otras. “La democracia se basa en la transparencia, y hay unas obligaciones que hay que cumplir, no se puede usar la mayoría absoluta para pisotear los derechos de los grupos políticos y los vigueses tienen derecho a conocer", ha argumentado Muñoz.

El gobierno municipal de Vigo no solo ha rechazado la acusación del PP sino que ha afirmado que los ediles del PP “tienen acceso total a los expedientes y documentos”. Incluso el portavoz municipal Carlos López Font, a través de unas declaraciones grabadas y remitidas a los medios, ha interpretado que la querella no ha sido admitida, pese a la citación del secretario. "El juzgado de instrucción número dos de Vigo no ha admitido a trámite la querella, sino que solo ha acordado diligencias previas porque no están determinadas la naturaleza, las circunstancias de los hechos ni las personas que han podido intervenir" en los hechos denunciados, declaró López Font.

“El PP tiene completo acceso a la información de las juntas de Gobierno y puede acceder electrónicamente a los expedientes", defendió el portavoz, que ha explicado que como miembros de la mesa de contratación, los concejales del grupo popular reciben puntualmente la documentación sobre los contratos y tienen "acceso total" a la información que están reclamando por la vía judicial.

El PP presentó la denuncia por un supuesto delito recogido en el artículo 542 del Código Penal, que se refiere a actuaciones de una autoridad o funcionario público que, a sabiendas, impide el ejercicio de otros derechos civiles reconocidos por la Constitución y las leyes. La pena asociada a este delito es de inhabilitación para empleo o cargo público entre uno y cuatro años.