La primera piedra de la nueva movilidad

Hace unas semanas tuve el inmenso honor de llevar al pleno de la Asamblea de Madrid una Propuesta de Modificación del Consorcio Regional de Transportes de nuestra Comunidad. Esta propuesta fue tristemente rechazada al contar tan solo con el apoyo del PSOE a pesar de que todos los grupos parlamentarios, en algún momento de la legislatura, hemos coincidido en que es central para cambiar la movilidad de la región.

El Consorcio Regional de Transportes fue creado en 1985, en una ley que dotaba a la Comunidad de Madrid de un valiosísimo instrumento de gestión y de coordinación de los transportes públicos, y supuso un avance innegable hacia algunas cuestiones que son hoy de sentido común en Europa y en el mundo. La introducción del abono de transportes permitió hablar de intermodalidad, décadas antes de que el libro blanco de transportes de la Unión Europea la colocase como uno de los grandes objetivos para reducir el impacto de la contaminación en las grandes ciudades, y la coordinación de la mayor parte de los medios de transporte colectivo supuso un salto cualitativo del que nos hemos beneficiado todos los ciudadanos de esta comunidad.

La creación del Consorcio fue un trabajo arduo que no empezó el día que se aprobó la ley, sino que más bien empezó aquel día. Cientos de reuniones, horas de trabajo, negociaciones y convenios tuvieron que celebrarse hasta que los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid accedieron a ceder sus competencias en pos de una mejor comunidad y de un sistema de transporte más eficiente. Incluso Metro de Madrid, joya de la corona del ayuntamiento, cedió las competencias de su gestión para cumplir con las tablas de trenes y frecuencias aprobadas por el consorcio.

Sin embargo, tras más de 30 años bajo el paraguas de esta ley, más de 20 años de gobiernos monocolor han dejado ciertamente deslustrada esta estructura otrora tan útil. La decadencia del consorcio ocurre por una parte porque hoy se han integrado de manera sustancial y protagonista en la agenda pública nuevas realidades y nuevos paradigmas, cobrando carta de naturaleza y determinando la gobernanza de la movilidad, problemáticas tales como el medio ambiente, la accesibilidad universal, la aparición de aplicaciones tecnológicas que permiten alquilar un coche por minutos o compartir un patinete eléctrico con cientos de usuarios.

Por otra parte, la estructura del consorcio, bien definida en un principio, ha ido pareciéndose cada vez más a un apéndice del gobierno de la comunidad de Madrid, permitiendo actuaciones completamente injustificadas como los metros ligeros, por los que vamos a pagar más de 4.000 millones de euros, o ampliaciones de metro electoralistas sin los estudios imprescindibles para evitar que la línea que llega a San Fernando se parezca más a un parque acuático que a un suburbano.

La propuesta de ley que llevamos a la Asamblea abordaba la reforma desde tres ejes distintos: la forma jurídica del consorcio, la ampliación de competencias y la elección del director gerente.

La forma jurídica para permitir la creación de una Agencia Madrileña de Movilidad con una estructura estable y profesionalizada que impulse de manera eficaz la necesaria competencia de este organismo. La ampliación de competencias porque el transporte no es ya sin la movilidad y es imperativo afrontar de manera sistemática las interdependencias que se dan en los desarrollos urbanísticos, los Planes de Movilidad en los ayuntamientos y permitir la gestión conjunta de las carreteras que siguen siendo a días de hoy uno de los elementos principales para los desplazamientos. Por último, la elección de la dirección ejecutiva de la Agencias de movilidad tiene que responder a una competencia fruto del mayor de los consensos y no de la familia política a la que pertenezca.

Esta vez, la ley no ha salido adelante, pero aunque hayamos tropezado con una piedra en el camino, esta es sin duda la primera piedra para construir una Comunidad de Madrid mejor, un mejor transporte público y una movilidad que sea de verdad pensada por y para las personas.

Alberto Oliver es diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid