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42 ciudades se alían para hacer de ‘lobby’ ante plataformas como Uber o Airbnb

Barcelona lidera una iniciativa que busca que las compañías pidan permiso antes de operar en una urbe

Una oficina de Airbnb en París (Francia)
Una oficina de Airbnb en París (Francia) Getty Images

De Barcelona o Madrid hasta Buenos Aires, pasando por Nueva York, Reikiavik, Sao Paulo, Toronto, San Francisco, Ámsterdam, París o Seúl. Más de 40 ciudades (van 42, pero la lista de adhesiones crece) se han aliado para plantar cara a las plataformas digitales cuya actividad afecta negativamente a la vida en las ciudades o a los derechos de sus vecinos.  Los ejemplos más citados son las consecuencias sobre la vivienda y los barrios presionados por el turismo que ha tenido AirbnbUber para el sector del taxi o la precariedad laboral de los riders que reparten en bicicleta. Las ciudades se han reunido en Barcelona durante el congreso Smart City Expo y han acordado una declaración (enlace en catalán) de diez puntos que exige, entre otras cuestiones, que las plataformas pidan permiso antes de operar en una ciudad.

Una guía sobre los derechos laborales

El teniente de alcalde de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha explicado este martes que el consistorio y los sindicatos preparan una guía práctica sobre los derechos laborales para informar a las personas que trabajan para plataformas digitales. Además, ha anunciado que la ciudad acogerá en primavera un encuentro de riders de toda Europa para compartir experiencias, exigir derechos y remuneraciones justas y evitar la precariedad laboral.

El texto también se refiere a la necesidad de que cumplan la legislación laboral o que sean transparentes y faciliten los datos que recopilan de sus usuarios. Los representantes de las ciudades firmantes admiten que las ciudades no siempre tienen competencias en estas materias, pero están dispuestos a hacer de lobby ante instancias como la Unión Europea. Porque se da la paradoja de que estas plataformas impactan sobre todo en las grandes ciudades en cuestiones sobre las que los ayuntamientos no tienen competencia (como la legislación laboral, de transporte o de licencias de alojamiento turístico).

“El objetivo es alzar la voz de las ciudades para aprovechar las oportunidades de innovación que representan las plataformas y la revolución tecnológica, pero también regular y fijar reglas del juego claras cuando su actividad pueda tener un impacto negativo”, ha defendido el número dos del gobierno de Barcelona, Gerardo Pisarello.

El teniente de alcalde y responsable de Economía también ha aclarado que "el mundo de las plataformas es muy diverso y global" y que "el reto es promover los modelos realmente colaborativos y ser firmes cuando la operativa de las plataformas tiene consecuencias negativas". Pisarello ha citado los casos de Moodle (plataforma de uso educativo que emplea a 136 millones de estudiantes), Wikiloc (cuatro millones de usuarios que comparten rutas a pie o en bici) o Wikipedia, que es la quinta página web más visitada del mundo. El edil lo ha llamado "sindicalismo municipalista en defensa de las plataformas realmente participativas y colaborativas".

El comisionado de Economía Social y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Barcelona, Álvaro Porro, asegura, aludiendo a cuestión de las competencias municipales, que agruparse ante las plataformas "facilita una posición de mayor fuerza" y recuerda que las distorsiones que pueden crear estos operadores suelen afectar a todas las ciudades. El texto "no es una mera declaración de intenciones", aseguran Porro y Pisarello, que recuerdan que muchas veces aunque falten competencias las ciudades sí han mediado en materia de derechos laborales, o bien han sancionado a Airbnb, por ejemplo.

Desde el grupo de investigación sobre economía colaborativa Dimmons de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), su directora, Mayo Fuster, explica gráficamente que el asociar la regulación de estas plataformas con una oposición al modelo "es falso". "Es como decir que los semáforos van contra el coche, el rol de las ciudades es asegurar el interés general y los derechos de sus ciudadanos y los trabajadores".

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