Jueces y fiscales acordaron no investigar por terrorismo al hombre que quería atentar contra Sánchez

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a Manuel Murillo Sánchez el 19 de septiembre y lo pusieron a disposición del juez de guardia de Terrassa (Barcelona), la localidad donde fue arrestado. Por la naturaleza de los hechos y la relevancia pública que podía tomar el caso, tanto el juez como la fiscal que estaban de guardia decidieron contactar con sus homólogos en la Audiencia Nacional para consultar si debían transferirlo allí por terrorismo. Tras sendas conversaciones telefónicas acordaron, sin que hubiera discrepancias jurídicas, que no había indicios suficientes y que la causa siguiera tramitándose en Terrassa, según han explicado fuentes judiciales a EL PAÍS.

Manuel Murillo, vigilante de seguridad de 63 años, fue detenido después de explicitar en un grupo de WhatsApp su intención de matar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien estaba furioso por su intención de exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Una militante del partido ultraderechista Vox que estaba presente en ese grupo denunció los hechos a la policía, que detuvo a Murillo en la calle. En el registro de su casa, los agentes encontraron gran cantidad de armamento, incluidas armas de guerra.

La fiscal de Terrassa se puso en contacto telefónico con la fiscal de la Audiencia Nacional Susana Landeras. Durante unos minutos, comentaron el atestado sobre Murillo aportado por los Mossos d'Esquadra. Tras intercambiar opiniones, concluyeron de mutuo acuerdo que no había elementos suficientes para hablar de terrorismo y que, por lo tanto, la Audiencia Nacional no era competente para indagar los hechos, explican fuentes del ministerio público. "Este hombre había expresado su deseo de atentar, pero no tenía un plan para hacerlo", sintetizan las mismas fuentes.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Terrassa, que estaba de guardia en ese momento, también hizo gestiones con un homólogo en la Audiencia Nacional. Según una de las fuentes consultadas, contactó -también por teléfono- con el Juzgado Central de Instrucción número 4, del que es titular Fernando Andreu. Ni la policía ni el Ministerio del Interior fueron informados del episodio, según fuentes policiales.

El jueves, después de que el diario digital Público destapara las intenciones de Murillo, la fiscalía señaló que no había "emitido ningún dictamen" sobre él "puesto que no se le ha dado traslado de atestado ni de procedimiento alguno para pronunciarse sobre ello".

Tras escucharle en declaración, la fiscalía pidió el ingreso en prisión provisional del presunto francotirador especialmente por el hecho de que guardase numeroso armamento en su casa. Está investigado, de hecho, por conspiración para atentar contra autoridad, amenazas graves, tenencia ilícita de armas y delito de odio. El juez -distinto del que estaba de guardia- acordó la medida y desde entonces Murillo permanece en la cárcel de Brians (Barcelona).

Ciertos sectores del independentismo en Cataluña se han mostrado críticos con el hecho de que el supuesto atentado contra la vida de Pedro Sánchez no se investigue como un delito de terrorismo. Sobre todo cuando otros hechos, a su juicio de mucha menor relevancia, como las actividades de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) han sido investigados por la Audiencia Nacional. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, también criticó la actuación del tribunal. "Parece que la AN [Audiencia Nacional] se desentiende del francotirador que quería matar al presidente porque no es terrorismo. Por contra, los titiriteros de Alkaeta, tuiteros y raperos sí fueron juzgados y algunos juzgados y encadenados por la AN", señaló en un mensaje en Twitter.