Tres años pagando por una vivienda pública que nunca llega

El misterio arranca cuando las excavadoras mueven la tierra del solar y se encuentran con una arqueta que bien podría ser un búnker de la Guerra Civil. Ocurre en la promoción de 147 viviendas públicas de El Rosón, en Getafe, que arrancó en 2015 y aún no ha sido entregada, pese a que los vecinos pagaron su entrada y siguen pagando sus letras. La presencia de esa extraña infraestructura en el antiguo polígono industrial obliga a analizar la tierra. Las muestras se envían a un laboratorio holandés. Se detectan trazas de hidrocarburos. ¿El resultado? Que las obras vuelven a retrasarse meses y siguen sin fecha de entrega en esa parcela, pese a que la consejería de medioambiente dictamina que no procede la declaración de suelo contaminado. Como dijo Roberto Benítez, de Impulsa Getafe: “Esto va a durar más que las obras de las pirámides”.

Muchos vecinos se quejan de que han tenido que retrasar sus proyectos personales, tener hijos, independizarse

“Hay vecinos que están en la promoción desde 2015, cuando se hizo el sorteo, y otros que se dieron de baja porque eso no avanzaba. Yo me apunté en septiembre de 2016, porque nos dijeron que estarían a finales de 2018”, cuenta Álvaro, uno de esos vecinos afectados, que lleva adelantados 20.000 euros por ese piso que nunca llega. “Muchos vecinos se quejan de que han tenido que retrasar sus proyectos personales, tener hijos, independizarse, casarse… porque siguen teniendo que pagar un alquiler en otro sitio en lugar de entrar en el piso”, explica. “Cuando se lanzó el concurso, hubo que repetirlo”, recuerda. “Y luego, la constructora que ganó finalmente rechazó la obra y hubo que pasar a la segunda, acumulando retrasos”, añade. “Un despropósito”.

Todo arranca con las prisas de la campaña electoral. En 2005, el Ayuntamiento aprueba un plan para construir 2.400 viviendas en el antiguo polígono de El Rosón, y se cambia el uso del suelo de industrial a residencial. En 2010, la empresa para la gestión de residuos industriales actúa porque se detecta en los terrenos tetracloroetileno, una sustancia tóxica que utilizaba una de las antiguas fábricas como desgrasador de metales. Y en marzo de 2015, con las elecciones de mayo ya en el horizonte, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, anuncia la construcción de 147 viviendas públicas en dos parcelas distintas. Hay casi 400 solicitudes. La promesa de disfrutar de pisos de alta eficiencia energética, con una piscina en la azotea, actúa como un imán. Los ganadores del preceptivo sorteo empiezan a pagar. Más de tres años después, ya con un gobierno del PSOE, ninguna vivienda está acabada.

“Llevan casi cuatro años esperando“, reconoce Jorge Juan Rodríguez, el concejal de urbanismo actual. “Los vecinos de la parcela 1.7 siguen en previsión de que el planning de obra finalice en septiembre de 2019, pero la otra se encuentra paralizada (por la supuesta contaminación) hasta que la Comunidad nos permita reanudar las obras”, sigue. “Hemos tenido inquietud en los vecinos y por eso nos reunimos mensualmente con ellos y la empresa municipal les envía un correo quincenal”, añade.

“Se ha realizado un análisis de riesgos y el resultado es que la presencia de los contaminantes no supone un riesgo inaceptable, por lo que no procede la declaración de suelo contaminado”, explican desde la consejería de medioambiente. “En cualquier caso se va a realizar la excavación de los suelos afectados”, añaden. “Una vez retirado el suelo afectado por la presencia de contaminantes, volverán a tomarse muestras para asegurar la limpieza completa”.

Las Administraciones siguen los trámites burocráticos concienzudamente. Mientras tanto, la vida de decenas de familias sigue en pausa, pagando y esperando por esas viviendas que nunca llegan.