Colau consigue que el juzgado precinte los ‘pisos colmena’
El Contencioso Administrativo número 7 autoriza a la Guardia Urbana a detener las obras de las infraviviendas
La Guardia Urbana de Barcelona ha precintado este miércoles, con una orden judicial, las obras del piso colmena que se estaba construyendo en el barrio de Bordeta. El pasado 22 de octubre la empresa Haibu 4.0 declaró la guerra a Ada Colau al no permitir que los técnicos municipales precintaran el local de 100 metros cuadrados donde estaban instalando una quincena de pisos colmena. El Consistorio llevaba semanas oponiéndose públicamente a la iniciativa al considerar que se estaban construyendo infraviviendas. El equipo de Colau se acogió a que los promotores no tenían licencia de obras para precintar la instalación pero los empresarios se negaron y se revelaron contra la orden municipal.
El Ayuntamiento alegó ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 7 de Barcelona que pese a la orden municipal que instaba al cese de los trabajos, la empresa Haibu 4.0 había hecho caso omiso a la exigencia. El Juzgado ha autorizado el acceso de la Guardia Urbana al local situado en el 108 de la calle Constitució para hacer efectivo el precinto. Una acción que han hecho esta tarde a las 16.00. Además, los agentes han retirado materiales y maquinaria para que no prosigan las obras además de cortar los suministros de luz.
Uno de los promotores de los pisos colmena, Marc Olivé, se ha presentado en el local justo cuando los agentes estaban realizando las labores de precinto. Olivé ha alegado que ha saltado la alarma y ante la orden judicial ha querido destacar en el acta municipal: “si ocupan el local el Ayuntamiento será el responsable”.
Colau ha sido muy clara en todo momento con la negativa del equipo de gobierno a construir los pisos colmena. La alcaldesa el pasado 22 de octubre manifestó: “Este tipo de alojamientos no se ajusta a los requisitos mínimos de habitabilidad que se exigen para poder vivir con dignidad y en condiciones adecuadas. El amontonamiento y la infravivienda son ilegales”.
Haibu 4.0 pretendía instalar cápsulas de 120 centímetros de ancho, 120 de alto y 200 de largo en las que cabe un somier, una mesa plegable, una estantería y un enchufe. Un espacio por el que solicitan 200 euros al mes a cada inquilino.
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