Altos cargos del Govern declaran ante el juez por los gastos del referéndum

Cinco altos cargos del Gobierno catalán declaran este jueves, como investigados, ante el juez de Barcelona que investiga el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Los cargos deberán dar explicaciones sobre los gastos que originó la consulta al erario público -la malversación es uno de los puntos más conflictivos de la investigación- y sobre la cesión de datos personales para organizarla.

Rosa Vidal, responsable de la Intervención General de la Generlaitat -el órgano que ejerce el control financiero y económico de la institución- ha sido citada para aclarar si se cargaron en los presupuestos públicos los gastos del referéndum. En febrero, Vidal remitió un informe al juzgado en el que detallaba que no le consta ningún expediente de gasto con cargo al programa habilitado por el Gobierno catalán para "consultas populares". Los otros informes de la Generalitat insistían en esa misma tesis y concluían que no se había gastado dinero público en el 1-O.

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, sigue recabando sin embargo indicios sobre la presunta malversación de caudales públicos en la organización del 1-O. Lo hace cuando la causa del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas del procés ya está concluida y recoge ya las pruebas de ese delito.

El magistrado ha citado, con ese propósito, a la presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Núria Llorach. Ya había declarado en dos ocasiones como testigo, pero esta vez lo hará como investigada. Llorach tendrá que explicar las campañas de publicidad que el Gobierno de Carles Puigdemont puso en marcha en la televisión y la radio pública catalanas para promocionar el referéndum.

El jefe del Gabinete técnico del Departamento de Economía, Daniel Gimeno; y la exjefa del Área de procesos electorales y consultas populares Montserrat Vidal, también comparecen este jueves por la tarde ante el juez. Lo hará, igualmente, el director del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), Frederic Udina. Los investigadores sospechan que el Idescat facilitó los datos del registro de población a Vicepresidencia para que fueran utilizados como censo en el referéndum del 1-O.