Garrido se abre a negociar con Carmena que el Ayuntamiento se haga con la titularidad del estadio del Rayo

La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid ya han establecido los primeros contactos para negociar el cambio de titularidad del estadio del Rayo Vallecano, que ahora mismo depende del Gobierno regional. Tras la publicación en EL PAÍS de un artículo del concejal Francisco Pérez (Ahora Madrid), solicitando la municipalización de la instalación deportiva, el vicepresidente regional, Pedro Rollán, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico estaría dispuesto a una permuta de terrenos que permitiera culminar la operación y poner al municipio a cargo del recinto. De hecho, el Gobierno de la Comunidad propone llegar a un macroacuerdo con el Ayuntamiento que también incluya alguna de las 40 parcelas y edificios de las que quiere desprenderse el Canal de Isabel II (valoradas en unos 30 millones de euros).

"En una reunión que mantuvimos ya hace un tiempo, en la que estaba presente la propia alcaldesa de Madrid [Manuela Carmena] lo que hicimos fue plantear la posibilidad de que llegáramos a un acuerdo de permuta", ha dicho Rollán durante la conferencia de prensa posterior al consejo de Gobierno. "La Comunidad transferiría la propiedad [del estadio] al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento nos entregaría unos bienes que compensaran la cuantía a los que pudiéramos dar un contenido o uso para prestar servicios competencia de la Comunidad", ha añadido.

"Hay una total y absoluta disposición a que una vez que han finalizado las obras de mayor calado en el estadio, podamos establecer un procedimiento de permuta en el que el Ayuntamiento sea quien mantenga la relación directa con el club", ha seguido. Y ha subrayado: "Nosotros veríamos los bienes que pueda tener el Ayuntamiento que nos encajen. En estos momentos es precipitado poner encima de la mesa qué bienes o patrimonio serían objeto de esa permuta".

La actividad del estadio del Rayo Vallecano estuvo detenida durante semanas. La Comunidad decidió cerrarlo para acometer obras que garantizaran la seguridad de los asistentes de los partidos, subsanando deficiencias ya detectadas en una inspección de 2012. Eso obligó a La Liga a aplazar el Rayo-Athletic del 1 de septiembre.