Varapalo del Síndic a la Generalitat por la acogida de menores migrantes

Los menores extranjeros no acompañados (MENA), cuya llegada masiva a Cataluña en los últimos meses ha colapsado el sistema de protección a la infancia, reciben un “maltrato institucional”, según ha afirmado este viernes el Síndic de Greuges, Rafael Ribó. La entidad ha alertado de que todo el proceso de atención a los menores migrantes, desde la recepción y acogida en centros hasta la inserción en la vida adulta, tiene “deficiencias”. El Síndic ha reclamado mayor colaboración entre todas las instituciones y ha instado a aplicar cambios estructurales en el sistema. Según sus cálculos, si continúa la tendencia actual, en 2019 podrían llegar 6.000 menores.

Ante la situación de emergencia social por la llegada masiva de menores extranjeros que no tienen referentes familiares, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia no ha sido capaz de crear plazas de acogida al mismo ritmo. En 2016 fueron 684 los nuevos casos de menores no acompañados; en 2017, 1.489; y, hasta el 15 de septiembre de este año, la Generalitat ya cuenta 2.156 nuevos casos. El colapso del sistema de protección a la infancia ha dejado imágenes como las de menores durmiendo en los bancos de las comisarías de Mossos, o alojados en casas de colonias, hoteles o albergues.

En la presentación de un informe sobre la situación de este colectivo, el Síndic de Greuges ha reclamado “cambios estructurales en el sistema de protección” más allá de las medidas de urgencia. Desde junio de 2017 y hasta ahora se han creado 2.045 plazas de acogida y fuentes del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, confían en que próxima la apertura de seis centros evitará que los menores pasen la noche en comisarías. “A no ser que las llegadas vuelvan a repuntar”, recuerdan. A pesar de los esfuerzos, el Síndic ha alertado de que el problema de la atención a los jóvenes migrantes “no se resolverá a medio o largo plazo solo con medidas de urgencia”.

“Se han producido situaciones de maltrato institucional en la acogida. Los protocolos no abordan de manera específica los derechos de estos jóvenes”, ha aseverado Ribó. Entre las deficiencias detectadas, destacan diversos problemas relacionados con la sobre ocupación en los centros de primera acogida. Según el documento, algunos de los centros están ocupados un 20% por encima de las plazas contratadas, y en ocasiones se llega al 30%. La atención y las ratios (por ejemplo, la norma dice que no deben dormir más de dos personas en una misma habitación) que necesitan estos jóvenes, en una situación vulnerable por su periplo migratorio, no se consigue respetar. Esta congestión, según el Síndic, ha “tensionado el sistema de protección y ha afectado a la calidad de la atención” de todos los menores tutelados por la Administración.

Los “déficits estructurales” del sistema de protección, según el informe, se encuentran en todo el recorrido que los menores hacen por los servicios sociales. Desde la primera atención en comisarías, donde se determina la edad del migrante, hasta los pisos de acogida o los pisos tutelados. El informe destaca que muchos de estos centros de acogida no cumplen con los estándares de calidad, porque al abrirse en situación de emergencia no cuentan todavía con armarios en las habitaciones, sofás o televisión. Las deficiencias también se encuentran en el sistema de familias de acogida. Precisamente, la institución ha lamentado la falta de recursos para las familias voluntarias. De la población total de menores tutelados por la Administración, el 30% está en familias de acogida, pero solo un 1% corresponde a menores migrantes. El Síndic también ha denunciado una “falta de celeridad” en la regularización de la situación legal de los recién llegados, ya que muchos cumplen la mayoría de edad y dejan de estar en el sistema de protección sin haber conseguido los papeles.

Como primeras medidas, el Síndic ha pedido a todas las administraciones —la del Estado, la de las comunidades autónomas y ayuntamientos— la creación de un plan integral y transversal de contingencia, y la mejora de los protocolos de protección. El Síndic ha reclamado más recursos humanos y materiales para hacer un seguimiento de las plazas creadas, y un refuerzo en los programas de salud mental y de prevención de trata de seres humanos.

El consejero del área, Chakir El Homrani, ha coincidido con las inquietudes del Síndic más tarde en un almuerzo informativo conociendo ya la recomendación del defensor del pueblo catalán. Sobre la necesidad de aumentar la coordinación entre comunidades y el Gobierno central, ha asegurado que el Govern está pidiendo más planificación y transparencia, especialmente entre los territorios, como Andalucía y Cataluña, que tienen más presión migratoria.