La fiscalía pide dos años y medio para los CDR que bloquearon el Palacio de Justicia en Barcelona

La fiscalía ha pedido dos años y medio de cárcel para la mayoría de los 13 integrantes de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) por bloquear los accesos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) durante una protesta el pasado 23 de febrero. El fiscal solicita esa pena para un total de 11 jóvenes al apreciar un delito de desórdenes públicos. Para otros dos, rebaja la petición a un año por desobediencia y resistencia a la autoridad por enfrentarse, presuntamente, a los Mossos que intentaban reabrir los accesos al Palacio de Justicia de Barcelona.

Los hechos ocurrieron a las 8 de la mañana coincidiendo con el 37º aniversario del golpe de Estado del 23-F. A través de las redes sociales, y bajo el lema de Aturem el Cop d'Estat (Paremos el golpe de Estado), diversos colectivos se dieron cita frente a la sede del TSJC, en el paseo de Lluís Companys. Acudieron a la cita un total de 200 personas de colectivos como los CDR, pero también de otros colectivos independentistas: Despertem la República, Arran, Alerta Solidària, CUP Països Catalans y Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.

Con la intención de exigir la libertad de los políticos independentistas encarcelados por el procés, algunos de los concentrados "se dirigieron corriendo hacia la entrada principal del edificio" y "bloquearon" las puertas con "cadenas de hierro o moto". Después, se sentaron delante de la puerta y se "encadenaron entre ellos" así como a las columnas exteriores del Palacio de Justicia. El resto de manifestantes desplegaron pancartas a favor de la República catalana y contra la justicia española.

Los Mossos d'Esquadra les pidieron que se apartaran, pero no lo hicieron. Finalmente, a las 9.05 horas, los agentes cortaron las cadenas con cizallas y detuvieron a 14 personas. Una de ellas es menor de edad y quedó en libertad. El juicio se dirige contra los otros 13. Eduardo Cáliz, que defiende a la mitad de los acusados, aseguró que la concentración fue "un ejercicio de libertad de expresión" que "no afectó al trabajo diario" de jueces y funcionarios, ya que las puertas abrieron solo cinco minutos más tarde de lo habitual. Cáliz solicitará la absolución de sus clientes.