La Comunidad de Madrid reforzará la “insuficiente” inspección de los pisos turísticos

“Insuficiente”. Un político del más alto rango en la administración madrileña describe con una sola palabra la desequilibrada lucha que han afrontado en el último año los siete inspectores encargados de fiscalizar los pisos turísticos en la Comunidad de Madrid. Frente a ellos, decenas de miles de viviendas ofrecidas para el alquiler de los turistas en las principales localidades de una región con más de seis millones de habitantes y 8.000 kilómetros cuadrados de superficie. Un pulso desigual: entre 2015 y 2017 apenas hubo más de 200 inspecciones y seis expedientes con el sello de la Comunidad que conllevaran sanciones. Mientras tanto, la proliferación de las viviendas de uso turístico ha generado una polémica mundial: los expertos debaten si influye en la imparable escalada de los alquileres de las viviendas, que termina por expulsar a la población local, vaciando los vecindarios de las zonas más apetecibles de las ciudades.

“El decreto sobre las viviendas de uso turístico es importante y estará aprobado antes de finales de año”, explicaron fuentes próximas al presidente de la región, Ángel Garrido. “Pretendemos dar libertad a los ciudadanos para que puedan ofrecer sus viviendas, pero también poniendo condiciones”, añadieron. “Tendrán que estar registrados, para que sepamos quiénes son; estarán obligados a declarar ante el ministerio del Interior las personas que están alojadas en cada momento, cosa que no ocurre ahora mismo y es un auténtico agujero de seguridad en nuestro país; y tendrán unas condiciones mínimas de ratios de habitabilidad”, enumeraron. Y remataron: “Vamos a duplicar el cuerpo de inspectores que tenemos, para tener un grupo de personas que de verdad trabaje para vigilar que se cumple la legalidad. Estamos respondiendo a las denuncias que llegan, pero es un cuerpo insuficiente”.

El Gobierno hace números para aumentar su plantilla de inspectores de viviendas de uso turístico y maneja la cifra preliminar de 14 inspectores. Con la aprobación de los Presupuestos de 2019 aún en el aire, ese número sería inferior al de los trabajadores que el Ayuntamiento de la capital emplea en la misma tarea: más de 20. Las dos administraciones comparten el mismo problema: los madrileños tienen que dedicar el 44% de su salario al alquiler de su vivienda, según los cálculos de Fotocasa y la plataforma Infojobs, una losa para sus proyectos vitales que solo es más pesada en Cataluña (51%).

Críticas de la oposición

“El gobierno regional ha ejercido la absoluta dejación de funciones con la problemática surgida con las viviendas de uso turístico”, opina Daniel Viondi, diputado del PSOE, miembro de su comité federal y secretario del área de desarrollo global de ciudades y municipio. “Hay un decreto vigente de 2014 que es un coladero para su incumplimiento y una reforma anunciada de ese decreto desde hace más de 15 meses que aún no ha sido aprobado por el gobierno. Mientras esto sucedía las cifras de viviendas registradas oficialmente no llegan ni al 30% de las disponibles en este mercado que sigue creciendo”, sigue. Y subraya: “El número de siete inspectores, última cifra oficial facilitada, nos resulta muy escaso. Habría que triplicar el personal y, especialmente, coordinar con el Ayuntamiento de Madrid que tiene sus competencias urbanísticas al respecto”.

“El número de inspectores es claramente insuficiente”, lamenta Pablo Padilla, representante de Podemos en la Asamblea. “Ha habido un incremento exponencial en los últimos años del número de viviendas de uso turístico, y como no hay inspectores no se sabe cuántas hay ni cuáles son sus efectos”, continúa. “Y no es solo aumentar el número de inspectores, sino que también hay que aumentar el número de inspecciones. Hay que darles plantilla, presupuesto y capacidad de ir y venir”.

“Estamos a la espera del decreto que el Gobierno regional está ultimando para regular un problema que afecta sobre todo a los vecinos de la almendra central. Exigiremos que se dote de los recursos necesarios”, apunta Ricardo Megias, de Ciudadanos.

El decreto que prepara el Gobierno incluye la posibilidad de que una comunidad de vecinos impida que se instalen viviendas de uso turístico en el edificio, aunque el Ejecutivo aún no ha resuelto si aceptará las alegaciones que solicitan que no sea necesario alcanzar la unanimidad de todos los propietarios para lograrlo. Al tiempo, se creará un registro obligatorio de esas viviendas; se permitirá alquilar cuartos individualmente, y los propietarios serán responsables de elaborar un plan de seguridad y evacuación.

Si se aprueba, el decreto servirá como marco normativo a los Ayuntamientos, que podrán tomar medidas más restrictivas dentro de esos límites. Esa circunstancia ya ha provocado fricciones entre el gobierno regional y el de la capital, que ha presentado alegaciones al proyecto. Mientras se concreta el texto definitivo, el Ejecutivo avanza en las medidas de control: más inspectores para garantizar que un negocio millonario cumpla con la normativa.