El ‘top manta’ desborda a los Ayuntamientos catalanes

El top manta, la venta ambulante ilegal de productos falsificados por parte de personas en situación irregular, desborda a los Ayuntamientos. La gota que ha colmado el vaso fue la agresión el miércoles a un turista por parte de un vendedor en Barcelona. El incidente ha desatado una catarata de críticas de la oposición y los sectores económicos contra la alcaldesa Ada Colau. Pero el top manta no es exclusivo de Barcelona, se extiende por toda la costa. Sobrepasa las competencias municipales, genera una sensación contradictoria —si se persigue, el vendedor no tiene alternativa— y es imposible de erradicar con la legalidad vigente.

Como mucho, se puede desplazar. En esto coinciden la mayoría de poblaciones del litoral catalán en las que el top manta, que no tiene permiso ni paga impuestos, ha tomado sus paseos o ramblas. Cambrils, El Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges y Roses son algunas de ellas.

En Barcelona, la agresión de la semana pasada sigue generando críticas. Ayer, el presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz, reclamó la convocatoria extraordinaria de la Comisión de Seguridad municipal para tratar “los problemas de delincuencia, top manta e incivismo que se están dando”, dijo, “este verano en Barcelona”.

Barcelona y otras localidades llevan años de lucha con presión policial, y medidas disuasorias. Cambrils (Tarragona) fue pionero en 2010 al aplicar una ordenanza que prevé multar a los compradores. Sin embargo, es un arma de doble filo, aseguran fuentes municipales, que ven cómo “en relación con el turismo es una medida contraproducente”.

La agresividad con la que responde parte del colectivo de manteros también preocupa e, igual que otras localidades, en Cambrils han decidido valorar la oportunidad y la proporcionalidad y no actuar si puede peligrar la seguridad de los agentes o la de la población. Las mismas fuentes recuerdan que “a veces cuando hay una actuación contra los manteros, la gente de la calle arremete contra la policía”. Esta localidad de 34.000 habitantes (80.000 en agosto), como el resto, no se puede permitir tener Policía Local 24 horas para la venta ilegal. Hacen patrullaje conjunto, campañas informativas y han llegado a desviar el paso para que los turistas no lleguen a los manteros.

En los paseos de Sant Salvador y Coma-ruga, en El Vendrell (Tarragona), hace años habían llegado a tener hasta 300 vendedores; ahora dicen que quedan unos 30. También creen que es “imposible de erradicar” y explican que las actuaciones las hacen en la estación de tren, punto de descarga del material. En 2017 contrataron seguridad privada, celebran jornadas, campañas de concienciación y han pintado “Stop manta”, sobre el suelo de los paseos peatonales.

En pocas ocasiones se incauta el material por el engorro que genera y porque parte de la población no ve con buenos ojos quitar su modo de vida a unos inmigrantes sin recursos. Sí creen que habría que luchar contra las mafias que tienen detrás. Igual pasa en Sitges. Del centenar de manteros que se instalaban en el paseo y en la playa de Sant Salvador, dicen que quedan unos 70. Se actúa, pero “intentando frenar su presencia evitando altercados y daños a terceros”. En Vilanova i la Geltrú quedan un par de la docena que había en La Rambla.

Roses (Girona), quizás la más afectada por el top manta con unos 400 vendedores, se ha sumado al Vendrell y ha contratado a seis vigilantes privados e incrementado la Policía Local con 10 interinos. Se reparten los tres kilómetros del paseo de Santa Margarida, donde los manteros ofrecen su mercancía: deportivas, gafas, camisetas o bolsos. Cuando detectan la presencia policial, recogen y se van unos metros atrás, esperan que pasen y vuelven a sus puestos. A veces ni se inmutan.

No estamos para quitarles el material y detenerles pero sí para que la presencia policial evidencie que la venta ilegal está prohibida”, dice la alcaldesa de Roses

La alcaldesa de Roses, Montse Mindan (PDeCAT), asegura que “incautar el material lleva una tarea ingente”. “No estamos para quitarles el material ni correr tras ellos y detenerles, pero sí para que la presencia policial evidencie que la venta ilegal está prohibida”, dice. Los comerciantes se quejan de esta competencia desleal que dicen que provoca el cierre de tiendas. Desde los Consistorios lamentan la falta de medidas para combatirlo y que lo único que pueden hacer son controles.